Necesaria reforma a leyes para adolescentes infractores
Director general del Itama señala algunos casos por los que éstas deben adecuarse
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Director general del Itama señala algunos casos por los que éstas deben adecuarse.
Es necesaria una reforma a las leyes de tratamiento y de justicia para adolescentes infractores de Sonora, que subsane hechos como la reclusión de los niños-adultos, dijo Luis Alfredo Bernal Ainza, director general del Itama estatal.
En visita a esfrotera, el director del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (Itama) comentó que la última reforma sobre el tema se realizó en 2006 y es necesario ajustarla a la nueva realidad estatal y de los municipios.
Tenemos el tema de los niños-adultos. En algunos casos hay adolescentes de 17 años que han cometido homicidio, entonces el tiempo máximo de confinamiento es de siete años, pero cuando cumplen la mayoría de edad no pueden ser trasladados a los centros penales para adultos”, dijo.
Comentó que en algunos de los centros de internamiento para menores de los municipios de Sonora, hasta el 40 por ciento de los internos son mayores de edad, algunos con delitos graves, que conviven con niños que cometieron un robo.
En 2013 se intentó llevar el tema al Congreso del estado, expuso, pero se atravesaron una serie de dificultades de todo tipo, incluso jurídicas y de derechos humanos, pues algunos diputados dijeron que cómo era posible que los lleváramos a los centros de Readaptación Social (Ceresos)”.
Bernal Ainza argumentó que su propuesta es tener una reclusión separada para los niños y adolescentes menores de edad, y otra para los niños-adultos, pero eso tiene que legislarse para que quede sujeto a la aprobación de fondos.
Ahora hay muchos temas pendientes en el caso de la justicia para adolescentes. Como el caso de la tipificación del robo agravado. Si un niño le roba un teléfono celular a su prima en la noche, eso ya puede entrar como robo agravado”, explicó.
Mencionó que en la actualidad jurídica de Sonora ese menor que robó un teléfono móvil puede quedar sujeto a una reclusión de hasta un año, para después convivir con los niños-adultos que han cometido conductas más fuertes.