Analizan Ley contra la Violencia Digital
Abogados llevan a cabo foro virtual de la conocida como Ley Olimpia
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Durante el análisis que realizaron los diversos participantes se determinó que esta propuesta tiene un espectro de atención más amplio y completo para atender jurídicamente la violencia digital que afecta a una gran cantidad de mujeres sonorenses.
Germán Guillén López, Presidente de BMA en Sonora, abordó la propuesta de Ley presentada por el Ejecutivo Estatal y comentó que: si bien la Ley Olimpia ha sido un gran punto de partida, que inició centrándose en un tema de intimidad sexual, la propuesta de Ley Integral contra la Violencia Digital amplia los espacios de protección a la mujer, pues permite regular distintas formas de violencia a la intimidad y no se queda acotada al ámbito de lo sexual.
Indicó que el Congreso del Estado tiene la gran oportunidad de generar una sinergia de las mejores propuestas, que provienen de la sociedad civil organizada, especialistas, legisladores y del gobierno, para construir un marco normativo que dote de mayores estándares de protección a las mujeres que sean víctimas de alguna de las modalidades violencia digital.
En lo que toca a la propuesta de protección integral que se envió por parte del Ejecutivo al Congreso, nosotros vemos un mayor escenario de protección, un mayor ámbito de protección; la violencia digital se ha multiplicado y se ha agudizado sobre todo a partir de la realidad sanitaria que estamos viviendo”, señaló Germán Guillén López.
Julieta Saad Bermúdez, coordinadora de la Comisión de Género de la BMA, mencionó que: La Ley Olimpia” es un oportuno inicio, pero queda acotada la protección a lo sexual y muchas mujeres quedarían desprotegidas, es por eso que se debe pasar a una Ley Amplia de Protección a la Mujer porque son múltiples y variadas conductas de violencia digital que han rebasado solo lo sexual.
Analistas y grupos de la sociedad civil han detectado trece formas de agresión contra las mujeres y que están relacionadas con las tecnologías, entre ellas: control y manipulación de la información; suplantación y robo de identidad; expresiones discriminatorias; acoso; amenazas; difusión de información personal o íntima; extorsión; desprestigio; abuso sexual relacionado con la tecnología; acceso o control no autorizado; monitoreo y acecho; afectaciones a canales de expresión y omisiones por parte de actores con poder regulatorio”, señaló.