La abogada general de Arizona, Kris Mayes, ha expresado su descontento con la situación, calificando la situación como "inaceptable" y exigiendo que el gobierno federal tome medidas para solucionar el problema.
La situación ha afectado a miles de clientes desde Coolidge y Casa Grande hasta áreas del condado de Pima, y ha generado gran preocupación por la seguridad y el bienestar de los residentes. Mayes ha enviado una carta al Asistente del Secretario de Asuntos Indios del Departamento del Interior (DOI), al Director de la Oficina de Asuntos Indios (BIA) y al Director Regional de la Oficina Regional Occidental de Asuntos Indios, solicitando que "tomen medidas inmediatas para abordar los conocidos problemas de confiabilidad del servicio eléctrico del Proyecto de Riego de San Carlos ('SCIP')".
En la carta, Mayes instó al Departamento del Interior y a la Oficina de Asuntos Indios a "tomar medidas inmediatas para abordar estas interrupciones del servicio".
La carta de Mayes citó los informes recientes del 22 de agosto y el 5 de septiembre que llamaban la atención sobre las "condiciones peligrosas para los clientes de SCIP".
“Estamos en el proceso de discutir qué haremos a continuación”, dijo Mayes. “Ciertamente consideraríamos nuestras opciones legales”. “De hecho, creo que sí, porque estamos hablando de un área con unos 13.000 clientes, lo que representa una parte considerable de clientes”, dijo. “Creo que el gobierno federal podría transferir estos activos a uno de los proveedores de servicios públicos más grandes que estaría dispuesto a invertir en el sistema”.
En la carta del viernes, Mayes solicitó que el Departamento del Interior financie y publique centros de refrigeración, y que se distribuya hielo y se proporcionen créditos en las facturas a los clientes de SCIP, entre otras medidas destinadas a "proteger a los clientes de SCIP mientras el Departamento evalúa las transferencias de activos y clientes a otras empresas de servicios eléctricos".
SCIP no genera su propia energía porque la oficina dijo que ya no tienen acceso a suficiente agua para generar energía hidroeléctrica. En cambio, compran energía de la Administración de Energía del Área Occidental y del grupo de energía de la Agencia de Energía Pública del Suroeste y la revenden directamente a más de 13.000 clientes.
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