En Arizona, la protección contra la discriminación hacia la comunidad LGBTQ+ no se ha consolidado a nivel estatal, a diferencia de los veintidós estados de EE. UU. que ya cuentan con leyes de derechos civiles LGBTQ+. Desde 2002, legisladores de Arizona, incluidos demócratas y algunos republicanos, han propuesto sin éxito proyectos de ley para proteger a las personas LGBTQ+ en ámbitos como el empleo, la vivienda y los servicios públicos, basándose en su orientación sexual e identidad de género.
Actualmente, solo once ciudades de Arizona ofrecen estas protecciones a nivel municipal, cubriendo apenas la mitad de la población estatal. Los defensores de los derechos civiles argumentan la necesidad de una ley estatal integral, especialmente para apoyar a los individuos LGBTQ+ en áreas rurales, quienes enfrentan mayores tasas de desempleo y falta de vivienda. A pesar de los debates sobre la efectividad de tales leyes, la comunidad y sus aliados insisten en que es preferible contar con protecciones legales que no tener ninguna.