Tucson exige depósito a Trump por mitin: ¿Preocupación por seguridad o política?

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La ciudad de Tucson, Arizona, ha decidido implementar una nueva política para asegurar el pago de los costos de seguridad en los eventos políticos que se llevan a cabo en su territorio

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Nicol Matuz Scott el 11/09/2024 02:41 PM.
En Arizona y editada el 11/09/2024 02:41 PM.

Esta medida se deriva de una deuda pendiente que la campaña de Donald Trump dejó tras su visita en 2016, por la cual no se han cubierto los gastos de 180 policías que proporcionaron seguridad durante más de seis horas.

La deuda total asciende a $81,837 dólares, y aunque se enviaron cartas de reclamo a la campaña de Trump, no se recibieron respuestas. Esta situación, que no es aislada, pues Trump también adeuda $64,000 a la ciudad de Mesa, Arizona, y $400,000 a El Paso, Texas, ha llevado a Tucson a exigir un depósito de $145,000 dólares a la campaña del expresidente antes de su mitin programado para este jueves.

La alcaldesa de Tucson, Regina Romero, ha aclarado que la ciudad no tiene ningún problema con la visita de Trump, pero que la seguridad de los asistentes y la ciudad es una prioridad, y para garantizarla es necesario que se cubran los costos asociados. "El expresidente Trump tiene todo el derecho de visitar y llevar a cabo sus mítines en nuestra ciudad, pero es responsabilidad de su campaña pagar por los recursos que se utilizan localmente", declaró Romero.

Aunque la medida ha sido criticada por algunos como una acción política, la alcaldesa ha enfatizado que la nueva política se aplica a todos los candidatos, sin importar su afiliación política. "En 2016, la campaña del senador demócrata Bernie Sanders también quedó debiendo $45,000", comentó Romero, dejando claro que la medida no busca perjudicar a ningún partido político, sino asegurar la cobertura de los costos de seguridad.

La decisión de Tucson, aunque controversial, es un reflejo de la creciente preocupación por la seguridad en los eventos políticos, especialmente después de los altercados que se presentaron durante la campaña presidencial de 2016, y marca un precedente para el manejo de eventos políticos en la ciudad, asegurando que todos los candidatos, sin importar su posición política, sean responsables de los costos de seguridad que generan.