El condado Pima, en Arizona, se encuentra en una situación compleja tras el cierre de dos albergues para migrantes, incluyendo el emblemático Casa Alitas, en Tucson. Este cierre, efectivo desde el lunes pasado, se debe a las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, quien en su segundo mandato ha priorizado una política migratoria más restrictiva.
“Es una tristeza que nuestro gobierno termine con una tradición de ayuda a los más necesitados,” lamentó Kat Rodríguez, activista con años de experiencia en Casa Alitas, en una entrevista con EFE. Rodríguez, cuyo trabajo en el albergue ha sido fundamental, describe la situación con un profundo sentimiento de decepción.
Según John Lesher, administrador del condado Pima, la Patrulla Fronteriza dejó de trasladar migrantes a los refugios tras la firma de las órdenes ejecutivas de Trump. Una de estas órdenes suspende los fondos para los programas de asistencia del Programa de Servicios de Refugio (SSP) del Departamento de Seguridad Nacional. Además, el SSP no cubre los gastos de mantenimiento de los albergues si no hay migrantes alojados.
La situación financiera del condado Pima se complica, ya que a pesar del cierre, los albergues continúan generando costos operativos. Casa Alitas, modelo para otros albergues en estados fronterizos, dejó de funcionar abruptamente. Sus puertas, antes siempre abiertas, ahora permanecen cerradas, sin el flujo constante de autobuses y vehículos que eran una imagen cotidiana.
El impacto es significativo. Se estima que en los últimos seis años, estos albergues brindaron asistencia a más de medio millón de migrantes, evitando que quedaran desamparados en las calles. El cierre representa un golpe duro, no solo para los migrantes, sino también para aquellos que, como Kat Rodríguez, han dedicado años a defender sus derechos.
“Vemos que tendremos unos cuatro años muy duros, el cierre de la frontera, el cierre de los albergues no va a terminar con la migración irregular,” predijo Rodríguez, pintando un futuro incierto en la dinámica migratoria de la región.
El condado Pima enfrenta ahora el reto de gestionar la situación, mientras las implicaciones a largo plazo de esta decisión política se empiezan a vislumbrar.