Chad Kasmar confirmó que, si bien el ICE y otros socios federales están realizando activamente operaciones dirigidas a personas indocumentadas y sospechosas de actividad delictiva, el Departamento de Policía de Tucson (TPD) no está colaborando con estos esfuerzos federales.
El jefe enfatizó que las políticas del TPD con respecto a la aplicación de la ley de inmigración permanecen sin cambios. Explicó que, a menos que un oficial ya esté involucrado en una investigación criminal y desarrolle una sospecha razonable, no se interrogará sobre el estatus migratorio.
A pesar del aumento nacional en las redadas del ICE, Kasmar señaló que Tucson no ha experimentado el mismo nivel de delitos supuestamente cometidos por inmigrantes indocumentados que se han reportado en otras partes del país. Hizo hincapié en que el papel del TPD sigue estando enfocado en garantizar la seguridad pública dentro de la comunidad, sin asumir responsabilidades de aplicación de la ley de inmigración, que, reiteró, es un asunto para las agencias federales.
Kasmar también destacó la continua relevancia de la controvertida ley SB 1070 de Arizona, que obliga a la policía local a investigar el estatus migratorio durante cualquier contacto legal con individuos. Sin embargo, subrayó que la ley no es nueva para las fuerzas del orden público de Arizona, ya que ha estado vigente durante casi 15 años, y el TPD continúa operando dentro de sus límites.