La compañía china, con sede en Shenzhen y presencia en más de 170 países, con alrededor de 207,000 empleados, argumenta que no hay evidencia de una conspiración y califica la acusación como parte de la "infundada" Iniciativa China del Departamento de Justicia, que tiene como objetivo procesar a personas y empresas con vínculos con China.
Huawei sostiene que varios cargos se refieren a actividades fuera de los Estados Unidos, mientras que los cargos de fraude bancario se basan en una teoría de fraude de "derecho de control" que la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó el año pasado en un caso no relacionado.
El gobierno ha abordado a Huawei como un objetivo procesal en busca de un delito, afirma la empresa, que se ha declarado inocente.Esta batalla legal tiene sus raíces en el 2018, cuando la detención en Canadá de la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, hija del fundador de la empresa, sacudió al mundo. Los cargos en su contra fueron desestimados en 2022.
El caso también ha estado en el ojo del huracán debido a la Iniciativa China, lanzada en 2018 por la administración Trump para abordar el supuesto robo de propiedad intelectual por parte de Beijing. Esta iniciativa, que terminó en 2022 bajo la administración Biden, ha sido criticada por promover el perfil racial y generar un clima de miedo que ha afectado la investigación científica.
Desde 2019, el gobierno de Estados Unidos ha restringido el acceso de Huawei a la tecnología estadounidense, citando preocupaciones de seguridad nacional. Huawei niega ser una amenaza.