Se trata de un caso relacionado al porte ilegal de un arma de fuego, durante una pelea que tuvo lugar en el estacionamiento de un edificio de apartamentos en San Juan de la Maguana, República Dominicana. La jueza dominicana Viamerca Ruiz, tras analizar las pruebas, ha decidido que Franco debe presentarse mensualmente ante el tribunal mientras se lleva a cabo la investigación.
La policía incautó dos armas de fuego en la escena. "El arma tiene su licencia... Entonces no hay ilegalidad", dijo Antonio García Lorenzo, uno de los abogados de Franco. "Nosotros solicitamos la libertad pura y simple, y él tiene todas las condiciones para que en este caso no se le impusiera ninguna medida de coerción. Ya la investigación del arma se hizo, no es de él y tiene su dueño".
Franco fue visto ingresando al tribunal con una capucha de color azul claro y una mascarilla negra, intentando pasar desapercibido. Durante la audiencia, permaneció cabizbajo, evitando las cámaras y las fotos. Una vez que la jueza tomó la decisión, Franco fue escoltado rápidamente a un vehículo propiedad de su familia.
La legislación de la República Dominicana que regula el uso y porte de armas y municiones castiga la tenencia ilegal de un arma de fuego con penas de tres a cinco años de prisión en el caso de un arma de fuego de uso civil, y de seis meses a dos años de prisión en otros casos.
El futuro de Franco en las Grandes Ligas está en el aire. El joven pelotero, que había firmado un contrato de 11 años y 182 millones de dólares en noviembre de 2021, fue colocado en la lista restringida por los Rays el 10 de julio, dejando de recibir su salario mientras está en licencia administrativa.
El próximo 12 de diciembre, Franco enfrentará un juicio en la provincia de Puerto Plata por abuso sexual contra una menor de edad, un caso que ha generado una enorme controversia en la sociedad dominicana y en el mundo del béisbol. Los cargos más graves que Franco estará enfrentando son los de violación sexual a una menor, por el cual podría recibir condenas de entre 10 a 15 años de prisión y el de trata de personas, el cual es castigado en República Dominicana con penas de entre 15 y 20 años.