Revisará Suprema Corte apelación sobre votantes

En el 2004 se aprobó una ley que exige comprobar la ciudadanía estadounidense de los votantes

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Washington

En el 2004 se aprobó una ley que exige comprobar la ciudadanía estadounidense de los votantes.

La Suprema Corte Federal dio a conocer el lunes que revisará una apelación, la cual se entregó originalmente a un Tribunal Federal inferior por el gobierno estatal del estado de Arizona. Se trata de una cláusula de una ley estatal, la cual fue aprobada por el legislativo en 2004, exigiendo que votantes, al inscribirse por correo para votar, comprobar la ciudadanía estadounidense, pues bajo ley federal solamente es necesario jurar con firma personal que uno es ciudadano estadounidense bajo pena de perjurio, antes de enviar por correo el paquete de formularios solicitando inscripción en el sistema electoral. La ley fue declarada inválida por el tribunal de apelación del 9o distrito, pues este tribunal al otorgar su opinión, declaró la ley estatal violaba varias leyes federales electorales. La opinión del tribunal federal inferior se aplica solamente a personas quienes tratan de inscribirse al sistema electoral federal por correo, pues personas que buscan inscribirse bajo el sistema estatal normalmente utilizan un sistema cibernético, el cual exige enviar por correo alguna prueba de ciudadanía. Activistas quienes apoyan los derechos electorales, esperaban que la decisión dispensada por el tribunal de apelación proveyere un incentivo a votantes potenciales utilizar el sistema de inscripción federal, por la falta del requisito de comprobar con documentos la ciudadanía.  Además la cláusula de la ley estatal de Arizona, originalmente fue aprobada por el tribunal federal de apelación del 9o distrito, aunque después durante otro trámite legal fue rechazada y el tribunal de apelación inferior solicitó a la suprema corte por el reviso del caso. La cuestión de la comprobación de la ciudadanía estadounidense de votantes potenciales ha sido la fuente de una polémica por todo el país y activistas de los derechos electorales afirman que dichas leyes al aplicarse, discriminan contra la comunidad hispana y ciudadanos de bajos recursos.

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