Autoriza Justicia estafa laboral contra El Diario de Sonora

Nogales

¿De lado de quién está la justicia? ¿Qué motiva a la ley a aplicarse de manera parcial? ¿Es la justicia la que falla, o son quienes la representan los que la desmeritan? ¿Por qué a sabiendas de vicios y corrupciones no los soluciona? ¿Para qué sirve la ley si no toma en cuenta las pruebas y actúa conforme a interés y no a derecho?

Todos estos cuestionamientos se hace El Diario de Sonora quien, bajo una serie de circunstancias que a continuación le presentamos, ha sido objeto de un ´secuestro exprés´ por parte de la Justicia y de quienes se dicen especialistas en derecho laboral.
Un precio muy alto pagó esta casa editorial tras perder una demanda laboral interpuesta por un ex empleado, basada en falsedades y perjuicios, de las cuales esta empresa tiene y presentó pruebas, pero no fueron tomadas en cuenta, y en su lugar se obtuvo un proceso de justicia viciado, alterado por sus representantes, plagado de ´coincidencias´ que tuvieron un alto costo.
La crónica de este ´secuestro exprés´ comienza en 2007 cuando un ex empleado de la empresa El Diario de Sonora, de nombre Rubén Omar Carrillo Medina, decide demandar por despido injustificado y otras acciones cometidas en la Junta de Conciliación y Arbitraje de la localidad a pesar de haber recibido su liquidación al dejar de laborar para la misma empresa.
A Carrillo Medina se le contrató para el puesto de gerente comercial de El Diario de Sonora por recomendación del entonces director, y su amigo, Carlos Igor Palma, y se desempeñó en este puesto desde abril de 2005 hasta agosto de 2007.
En agosto de 2007 la empresa tomó la decisión de rescindir de sus servicios por incumplimiento de objetivos y por no cumplir con las expectativas que la dirección tenía para un puesto tan importante para la empresa.
A su salida, se acordó con Carrillo Medina un monto de indemnización en el que se cubrían todas y cada una de las prestaciones que la ley indica, y el cual le fue entregado en tiempo y forma.
Esta negociación de mutuo acuerdo se formalizó por medio de un documento el cual el empleado firmó. No obstante interpuso una demanda en contra de la empresa argumentando no haber recibido pago alguno por indemnización y reclamando también supuestos pagos de comisiones de ventas que no se habían cubierto.
De inicio la directiva de la empresa se sorprendió cuando llegó el citatorio de la demanda, pues la liquidación se había llevado a cabo conforme a la ley y con la documentación correspondiente.
Pero más grande fue la sorpresa cuando se identificaron las siguientes solicitudes que Carrillo Medina hacía en su demanda:
· Pago de 3 meses de salario por concepto de indemnización constitucional, fundamentada en un salario diario de $666.66 como base más comisiones de 2.5%, 10%, 20%, y 25% según el caso, llegando a un promedio diario de $1,333.33 en un supuesto cálculo del promedio de sueldo base más comisiones de los últimos tres meses de trabajo. Después modificado para llegar a un sueldo base de $714.28 más comisiones que daban un promedio diario de $1618.67
· Reclamo de pago y cumplimiento de salarios caídos hasta que se dicte laudo
· Reclamo y pago de vacaciones
· Reclamo y pago de cumplimiento de Aguinaldo
· Reclamo y pago de Prima de Antigüedad Total
· Reclamo y pago de 12 días de salario por año prestado
· Reclamo y pago de Prima Vacacional
· Reclamo y pago de cumplimiento de Utilidades
· Reclamo y pago de cumplimiento de los días festivos trabajados y no pagados
· Reclamo de comisiones no pagadas por años 2005, 2006 y parte de 2007 con la suma de $279,497.93, después modificadas a $340,601.22
· Reclamo de dos horas extras diarias, argumentando que todos los días trabajaba dos horas en horario extraordinario que no estaba considerado en el horario de su contrato
· Reclamo y pago de dos semanas de semanas que nunca se les pagaron porque la empresa estaba mal económicamente
No se limitó el ex empleado a buscar prestaciones adicionales, sino que argumentó que no había recibido absolutamente nada a su salida de la empresa.
Carrillo Medina, adicional a la demanda contra Editorial Diario de la Frontera, S.A. de C.V, interpuso también demanda contra el director general de la empresa, Gustavo De La Fuente Mix, teniendo amplio conocimiento de que éste no era su empleador.
En su demanda, Carrillo Medina autorizó a los abogados Raymundo So Urquijo, Hugo Antonio So Grijalva, Cesar Octavio Silva Valencia, Juan S. Ponce Ornelas, Heriberto Gutiérrez Yocupicio, Juan Manuel Sánchez González, y Francisco     Torres Corral, como sus apoderados a quienes otorgó facultades y poderes generales de representación en su nombre.
Por su parte la empresa era representada por el abogado Raúl Nieblas, con quien tenía una relación de trabajo amplia y cuyo desempeño, aunado a la documentación que respaldaba la indemnización, le daba cierta seguridad a ésta de que los falsos reclamos del demandante no procederían y que la verdad saldría a relucir para hacerse justicia. 
Nunca se imaginó la empresa que el proceso legal que daba inicio estaría lleno de irregularidades y mermado al grado que las pruebas de los hechos jamás serían tomadas en cuenta por cuestiones que aún no se comprenden.
 ¿Sería el sistema laboral quien impidió que se hiciera justicia? ¿Sería la incompetencia de quienes deben de aplicarlo la que la limitó? ¿Sería la manipulación habilidosa de los involucrados?
En la edición de mañana presentaremos cómo se desarrolló este caso de corrupción, impunidad e injusticia. No en el afán de exponer a quien a raíz de deshonestidad lucró en contra de su fuente de trabajo, sino como un esfuerzo de hacernos recapacitar y cuestionar prácticas que desafortunadamente aceptamos como reglas.

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