Narcotraficantes vejan a luchadores sociales en Guerrero

Al menos desde hace 10 años el narcotráfico ha atacado a las personas y a los pueblos que se organizan. Líderes sociales y defensores observan que la mafia es una extensión del poder público y que realiza labores de contrainsurgencia. Los ejemplos se multiplican: desplazamiento forzado, ejecuciones y desapariciones de miembros de la comunidad de La Laguna; de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas; de Máximo Mojica Delgado; de Eva Fe Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle; de integrantes de la organización Unidad Popular y de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata…
Ayotzinapa, Tixtla, Guerrero. Para ninguna organización social en Guerrero es desconocido el vínculo que existe entre gobernantes locales e integrantes de la delincuencia organizada: el llamado narcogobierno. Mucho menos, las labores de contrainsurgencia orquestadas por esta mancuerna, según sus testimonios.
Aun así, el tema se aborda a tientas. Se teme que la denuncia pública convierta al luchador social, al defensor de derechos humanos, al ambientalista, a sus familias, en blanco de ataque. Se teme, asimismo, la inminente calumnia orquestada desde algunos medios de comunicación oficialistas: “que el activista está coludido con la maña y que por eso lo agreden”.
En este contexto, el manubrio narcogobierno pareciera inexistente; su violencia, invisible.

No hay bitácora pública de sus ataques
A raíz de los hechos de finales de septiembre pasado, en Iguala, en los que fueron asesinados tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, y detenidos-desaparecidos otros 43, la realidad resultó inocultable. El Estado mexicano, en voz de la Procuraduría General de la República, tuvo que salir a reconocerlo: un presidente municipal, José Luis Abarca, operando a través y con el cártel Guerreros Unidos. Cruentas maniobras perpetradas bajo el telón de la impunidad.
Días después, en la víspera de su caída como gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero pediría a la Secretaría de Gobernación investigar a los 81 alcaldes del estado así como a las corporaciones policiacas locales, luego de reconocer que existe infiltración del crimen organizado en diferentes municipios de la entidad. La pregunta obligada era: ¿por qué hizo esta confesión hasta transcurridos 30 meses de su gestión?
Del encuentro con diversas organizaciones sociales con sede en Guerrero puede afirmarse que la agresión contra normalistas de Ayotzinapa es tan sólo una pizca de esta realidad. En la historia reciente de la entidad han ocurrido, al menos, ocho episodios en contra de la población organizada, en los que el vínculo grupo criminal-Estado es desnudado.
El desplazamiento forzado, ejecución, desaparición forzada y encarcelamiento de miembros de la comunidad de La Laguna; la desaparición forzada, tortura y posterior ejecución de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, integrantes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco; la desaparición forzada, tortura y posterior encarcelamiento de Máximo Mojica Delgado, profesor de primaria e integrante de la Asociación Tierra y Libertad; la desaparición forzada de Eva Fe Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle, de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán; el asesinato de Rocío Mesino Mesino, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur; la desaparición forzada y tortura contra siete miembros de la organización campesina Unidad Popular y el ulterior asesinato de tres, entre ellos Arturo Hernández Cardona; el asesinato y tortura de tres integrantes de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata.
Aunque el tema del narcogobierno adquirió fuerza a nivel nacional durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México de 2006 a 2012, Bertoldo Martínez, dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero, asegura que el fenómeno no es nuevo: el narcotráfico y el gobierno siempre han sido aliados. La diferencia, explica, es que ahora “se descaran porque empiezan a perder terreno frente al movimiento social que crece”.
En el caso de Guerrero, dice, esta problemática data de al menos 25 años atrás, cuando personajes como José Francisco Ruiz Massieu, Rubén Figueroa Alcocer y el propio Ángel Aguirre Rivero (entonces miembro del Partido Revolucionario Institucional) ya figuraban en la política pública de esta entidad.
En aquellos tiempos, refiere el también integrante del Movimiento Popular Guerrerense, mientras los narcotraficantes –que se reconocían por sus ostentosas esclavas y cadenas– no sacaran sus mercancías, no había mayor complicación puesto que hasta ese momento ellos estaban inmersos en el entorno comunitario. Cooperaban, por ejemplo, para la pintura de la iglesia o de la escuela.
Fue, sin embargo, a principios de este siglo que la problemática se agudizó. Entonces, empezaron los atropellos generalizados contra la ciudadanía y, poco después, a partir de la gubernatura de Zeferino Torreblanca (2005-2011), los grupos de la delincuencia organizada fueron utilizados para exterminar a los luchadores sociales, en una política de contrainsurgencia que busca “meter miedo”.
 “En 2005, en el marco de la supuesta guerra contra el crimen organizado de Calderón, que era en realidad un operativo para darle seguridad al cargamento y una política de terrorismo de Estado que resultó en una grave crisis humanitaria, nosotros decíamos que ya estábamos viviendo en un narco-Estado. No lo decíamos públicamente pero sí considerábamos la situación de cómo el Estado había cobijado de tal manera al crimen organizado”, dice Raymundo Díaz Taboada, coordinador estatal del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.
De acuerdo con Vidulfo Rosales Sierra, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, fue en 2007 que se empezó a vislumbrar con más claridad que las estructuras estatales están permeadas por la delincuencia organizada: “Que hay determinados jefes policiales, de la policía ministerial y municipal, que ya trabajan para determinados grupos delincuenciales”.
En este contexto, el 13 de febrero de 2009, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, fueron detenidos-desaparecidos por civiles armados y, a los 8 días, encontrados sin vida y con evidentes huellas de tortura.
Vidulfo Rosales refiere que este caso reafirmó, para la organización que representa, la colusión existente entre agentes estatales y el crimen organizado. Y es que, explica, los hechos se dieron en el contexto de las protestas que estos dos líderes encabezaban en contra de Armando García Rendón, entonces presidente municipal de Ayutla, mismas que habían derivado en la toma del ayuntamiento y que se preveía escalarían de nivel.
 “Advertimos que, en lo posterior, las autoridades podían utilizar esta estructura del crimen organizado para agredir a defensores, luchadores que cuestionaran a las autoridades. Sin embargo, entonces, la nuestra era una voz en el desierto. Una voz solitaria”, comenta el abogado de formación.
Y agrega: “Tenemos un narcogobierno. La línea que divide el narco y el gobierno es totalmente invisible. Tú interpelas a la autoridad, pero no sabes que esa autoridad contra la cual estás elevando tú voz es un narco, un delincuente que no tiene en sus coordenadas los derechos humanos y el uso proporcionado de la fuerza”.
—¿En alguna ocasión se han acercado a la federación para plantearle cómo opera el poder público al interior de Guerrero? –se le pregunta a Bertoldo Martínez.
—A nosotros no se nos hace muy fácil ir a la federación, a la Procuraduría [General de la República] a decir esto porque no les tenemos fe. Nosotros sentimos que si vamos, ellos son los mismos, y que si uno va a hacer una denuncia, ellos la van pasar a los sicarios y al rato nos van a estar matando. La gente le tiene más fe a la Asamblea Nacional Popular, y tiene la esperanza que haya un cambio de régimen de gobierno. Eso tiene que pasar, de lo contrario no podemos tener libertad.

La Laguna: desplazamiento forzado, asesinatos, desapariciones
Raymundo Díaz Taboada, coordinador estatal del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, con sede en Acapulco, da cuenta del caso de los desplazados de la comunidad de La Laguna, ubicada en el municipio de Coyuca de Catalán.
Refiere que el conflicto data de 2005, cuando integrantes del crimen organizado solicitaron permiso a Rubén Santa Ana Alonso para explotar el patrimonio de su familia: las tierras de los ejidos de La Laguna. El control territorial permitiría a los delincuentes, además del trasiego de drogas, el acceso a los recursos naturales de la zona: agua, madera y minas.
La negativa desató la violencia y persecución por parte de delincuentes y autoridades locales, comenta. Tanto que, desde entonces, unas 30 personas de esta comunidad han sido asesinadas (entre ellas Rubén Santa Ana) y tres desaparecidas, hechos que permanecen en la impunidad.
En este contexto, el 21 de abril de 2011, más de 150 personas, mayoritariamente mujeres y niños, fueron desplazadas forzadamente de La Laguna hacia el Puerto de las Ollas. Las familias que lograron retornar a su comunidad serían desplazadas nuevamente el 28 de noviembre de 2012, día en que Juventina Villa Mojica, de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalá fue ultimada por un grupo armado, no obstante las medidas cautelares con que contaba debido a amenazas previas. Antes de ser ejecutada, Juventina fue obligada a presenciar el asesinato de Reynaldo Santana, su hijo de apenas 13 años de edad.
A decir de Raymundo Díaz, este caso evidencia la existencia de un grupo armado al que se le ha dejado actuar y, peor aún, que ha contado con el apoyo de autoridades locales e incluso del Ejército mexicano, que en diversas ocasiones irrumpió en La Laguna bajo el pretexto de buscar armas entre la comunidad a la que se ha pretendido criminalizar y vincular con el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente.
A Joel Santana Villa, hijo de Juventina, por ejemplo, le fabricaron diversos delitos (portación de arma, posesión de droga y robo de vehículo) que lo llevaron a la prisión de Iguala, lugar en donde fue asesinado, en diciembre de 2011. La primera versión de la autoridad penitenciaria apuntaba a que Joel murió de un infarto. Al final se supo que fue envenenado con plaguicida.

Desaparición y aprehensión de Máximo Mojica
El 27 de noviembre de 2008, Máximo Mojica Delgado, profesor de primaria e integrante de la Asociación Tierra y Libertad, fue detenido-desaparecido en el centro de Teloloapan por civiles. Unas horas antes, el hombre fue interceptado en un retén de la extinta Agencia Federal de Investigación en donde fue interrogado y su vehículo cateado.

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