De Estados Unidos apoyan bancos a ‘Coyotes’ de Sonora

México.

El tráfico de indocumentados centroamericanos se ha convertido en un gran negocio para los bancos estadounidenses, ya que es a través de ellos que se ‘mueve’ el flujo de dinero.
Dionisio Díaz ocupa un asiento en la Iglesia Evangélica Asamblea Cristiana, ubicada en un complejo de oficinas en Doraville, un suburbio de Atlanta. Ha sido una semana de seis días de trabajo para la cuadrilla de jardineros, de cortar el césped y podar arbustos. El inmigrante indocumentado, de 37 años y nativo de Guatemala, toma una Biblia y se une a decenas de fieles entonando un himno en español.
Cuando termina el servicio religioso vespertino del sábado, a finales de octubre, Díaz se levanta para saludar al pastor. “Mi sueño es estar ahí arriba, predicando el Evangelio, como usted”, le dice Díaz con una amplia sonrisa en su rostro. “He sido bendecido por Dios para llegar hasta aquí”.
Otros poderes más terrenales también ayudaron a Díaz en su viaje a Estados Unidos: contrató a una banda de traficantes de personas o coyotes, quienes lo cruzaron por la frontera estadounidense hasta una casa de seguridad en Mesa, Arizona, y de allí a Georgia. Díaz pagó parte del viaje usando uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, Wells Fargo & Co.
Es una historia que se repite una y otra vez en ese río de inmigrantes ilegales que fluye de Latinoamérica a Estados Unidos. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los ‘coyotes’ captan 10 mil millones de dólares al año por cerca de 3 millones de cruces ilegales en la frontera mexicana.
Los grandes bancos, como Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. y Wells Fargo, han sido utilizados como vehículos financieros para la industria del tráfico humano, según confirman las pruebas de un caso penal federal contra una banda de 15 traficantes de personas y órdenes judiciales de los fiscales en Arizona, Maryland y Texas.

GRAN NEGOCIO
“El contrabando de personas es un gran negocio”, afirma Stephen Adaway, jefe de la unidad de Investigaciones para el tráfico de personas del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en Washington. “Y no podrían operar a esa escala sin los bancos”.
Durante una cena de arroz y pescado en el restaurante Rincón Latino en Doraville, Dionisio Díaz describe cómo los bancos fueron cruciales para que lograra hacer el viaje de seis mil 600 kilómetros desde Sibinal, un pueblo al oeste de Guatemala, a Georgia.
Díaz, de complexión delgada, habla en voz baja y discreta. Justo antes del amanecer de un día de diciembre de 2012, Dionisio y su sobrino, Danilo, de 22 años, cruzaron a pie la frontera de Guatemala con México y viajaron en autobús a la ciudad norteña mexicana de Altar. Allí, se encontraron con su coyote, Rafael, a las 2 de la madrugada en la oscura plaza principal.

CIENTOS DE CUENTAS BAJO SOSPECHA
Estos requerimientos judiciales instruían a los propios investigadores de los bancos para que buscaran patrones comunes en los contrabandistas, como grandes depósitos en efectivo hechos en un estado que luego eran retirados casi inmediatamente en el suroeste.
Los bancos identificaron y marcaron cientos de cuentas para que los fiscales las investigaran, de acuerdo con una declaración jurada de un agente federal. Los bancos no fueron acusados de ningún delito.
La policía de Phoenix detectó los mismos patrones de transacciones y embargó cientos de cuentas en Bank of America, JPMorgan y Wells Fargo entre 2006 y 2008. Desde marzo de 2013, los fiscales de Arizona han conseguido órdenes judiciales para cerrar otras 325 cuentas sospechosas de pertenecer a las bandas de traficantes de personas en Bank of America y Wells Fargo.
Y de junio a septiembre de 2014, en lo que los agentes llamaron Operación Coyote, el Departamento de Seguridad Nacional incautó 950 mil dólares en 504 cuentas en bancos ubicados en Arizona, Maryland y Texas.
No hay nada ilegal per se en realizar un depósito en efectivo en un banco; la gente lo hace todo el tiempo. Pero al no impedir que los traficantes de personas utilicen sus instituciones, los bancos posibilitan que continúe el trasiego ilícito y a menudo violento, sostiene Tom Welch, quien encabeza la unidad de delitos financieros en la oficina de Arizona del Departamento de Seguridad Nacional.

‘SOSPECHA’
“Los reguladores y los banqueros no están haciendo un buen trabajo a la hora de vigilar sus cuentas, no emplean un nivel de sospecha ordinaria”, asegura el ex fiscal general de Arizona, Terry Goddard, quien dirigió investigaciones de tráfico de personas mientras estuvo al frente de la procuraduría de 2003 a 2010.
La Ley de Secreto Bancario de 1970 y la Ley Patriota de 2001 exigen a los bancos estadounidenses monitorear cualquier transacción que pudiera estar vinculada al lavado de dinero y otros delitos, incluido el contrabando humano. Los bancos deben designar un funcionario responsable de esa observancia, identificar los crímenes que sus clientes estén en riesgo de cometer y desarrollar políticas para detectar y detener este tipo de transacciones.
Los bancos deben reportar cualquier actividad criminal sospechosa a la Financial Crimes Enforcement Network, una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La FinCEN remite los informes de actividades sospechosas a la policía para su ulterior investigación.
Pero por años los contrabandistas han sido más listos que los bancos y los reguladores. En enero de 2006, los fiscales ordenaron que JPMorgan y Wells Fargo buscaran cuentas bajo sospecha de ser usadas por los coyotes.

‘ESTAMOS PERDIENDO’
“Nos inquieta que esté pasando tanto dinero. Estamos perdiendo la batalla,” dice Welch.
A partir de 2013 los fiscales y agentes federales comenzaron a presionar a los bancos para que tomaran medidas contra los traficantes, con resultados mixtos, dice la vocera del fiscal general de Arizona Stephanie Grisham.

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