Los tarahumaras y ‘el veneno de los reyes’ en constante peligro

Sentada sobre una sillita de madera, Anis Isabel Chacarito Ortiz se recompone el paliacate amarillo que envuelve su cabeza. Es casi medio día en Rinconada de los Nogales, un asentamiento irregular tarahumara al sur de la ciudad de Chihuahua, donde el frío no da tregua. Frente a su casa, apenas un cuarto hecho con tablones y techo de lámina, la mujer de piel cobriza y ojos de almendra dice no creer que la tierra que pisamos esté contaminada con metales pesados, mucho menos con arsénico, el llamado “veneno de los reyes”.
A solo 12 bien pavimentadas calles, aunque rodeadas por lotes sin construir que parecen haber quedado abandonados repentinamente, se encuentra la primera sección del fraccionamiento Rinconada de los Nogales. Se trata de un conjunto habitacional de mil 25 casas construidas con negligencia hace apenas nueve años, y a tan solo 50 metros de unas oscuras cordilleras de subproductos dejados al aire libre por la Fundidora de Ávalos, luego de su cierre en 1998 y tras operar en este lugar por 90 años.
Es casi medio día, y en cuestión de minutos, como en un éxodo bíblico, cientos de niños llegarán cargando una maleta con un cambio de ropa al Centro Comunitario del fraccionamiento. Aquella escena, propia de una película de ciencia ficción, tendrá lugar tras un registro de varios días para lo que será la mayor prueba de contaminación por metales que en este estado, tradicionalmente minero, haya tenido lugar.
Desde ese lugar, a bordo de camiones escolares, los menores partirán en cuestión de horas al Hospital Infantil de Especialidades, donde después de una larga espera se les aplicarán exhaustivas pruebas moleculares para determinar la concentración de metales en su sangre.
Desafortunadamente, los cinco hijos de Anis Isabel y las decenas de niños tarahumaras que viven en el asentamiento irregular con sus familias al final de los Nogales, no están en la lista. No aparecen porque durante los días previos no fueron registrados a pesar de que, según el doctor Jesús Enrique Romanillo, jefe de la jurisdicción 1 de la Secretaría de Salud, se invitó a sus padres a que llevaran a los menores a evaluar.
La mayoría de los papás de los casi 400 niños que luego harían pruebas en el hospital —seguidos de una marea de reporteros que se han reunido alrededor del lugar—, se ha realizado pruebas durante los últimos años. Principalmente se les han detectado elevados niveles de plomo en la sangre. La mayoría ha presentado problemas de salud, como falta de crecimiento, dolores intensos de cabeza y articulaciones, problemas de memoria y de aprendizaje.
La contaminación por metales ha resultado aquí tan grave que, según pude escuchar en las interminables conversaciones de banqueta de los últimos días con los vecinos, un menor de nombre Hanz Alejandro, de 9 años, en un examen llevado a cabo en 2012 por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), marcó 48.8 microgramos de plomo por decilitro de sangre, cuando los niveles permisibles según la norma oficial mexicana NOM-199-SSA1-2000 deben ser menores a los 10 microgramos.
Ajena a todo el movimiento de familias y rodeada por un colchón viejo, un triciclo que no funciona y algunas cabezas de muñecas cuyo cuerpo estará perdido en algún lugar, Anis Isabel dice que ella, igual que el resto de las familias que viven en el asentamiento, no llevará este medio día a ninguno de sus cinco hijos a las pruebas que realizará la Secretaría de Salud porque se trata de un movimiento político al estar cerca las elecciones.
La mujer de 31 años es líder de los tarahumaras que viven de manera irregular en estos últimos terrenos del fraccionamiento, y asegura que hay mucha gente que vivió por años del otro lado de la fundidora —en la zona donde se ubicó la colonia de trabajadores y, en su momento, la de los estadunidenses dueños de la planta que beneficiaba plomo y zinc— sin que se viera afectada su salud, que no entiende por qué ahora se quejan tanto.
Esta situación parece desconocerla también Dolores, quien habita junto a la alambrada de púas que divide el asentamiento del depósito de arsénico, junto con sus dos pequeños hijos, Gerardo de 4 años y Rafael de 6, infantes que aparentan mucho menos edad y andan descalzos sobre la tierra.
Durante una breve conversación, la mujer me dice que el doctor del centro de salud ve a los chicos bien, que no padecen de enfermedades más que las típicas de un niño de su edad y la de esta temporada de frío. No obstante, a ambos se les aprecian manchas en la piel y una constante tos seca que difícilmente pueden contener.
En el ya lejano 2008, el entonces secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del estado, Carlos Carrera Robles, declaró a la prensa local que en los alrededores de Ávalos estaban “depositados escorias y jales que tienen subproductos de la fundición, que son plomo, estaño, arsénico y cadmio, que las normas establecen que debe existir un parámetro sobre estas partículas en función de un volumen; tenemos unas primeras entregas y se corrobora que el sitio, evidentemente, tiene presencia de estos subproductos que exceden la normatividad”.
El desconocimiento de parte de Anis Isabel, Dolores y su vecino Lucio, un hombre de 50 años, pelo entrecano y semblante bondadoso que acaba de aparecer junto a su esposa y su nieta María de 7 años, no parece extraño, el asentamiento tarahumara se estableció aquí hace solo un par de años.
Estos habitantes del asentamiento pertenecen a un grupo social que, como fantasmas, se aparecen por los semáforos de las calles de Chihuahua y durante los actos oficiales a los que son invitados por los funcionarios locales para tomarse una foto. Cuando le pregunto a Anis Isabel a qué se dedica, me responde que vende artesanías en los eventos a los que la convocan en el Centro de Convenciones, pero cuando no hay invitación vuelve a Rinconada de los Nogales, donde vive junto a otras 35 familias, último reducto en el que pueden habitar en esta, también, capital de contrastes.
La historia de la aparición de los tarahumaras a un costado de los patios de desechos de la vieja fundidora la sabe bien Susana Stirk, una de las vecinas de Rinconada de los Nogales, quien, ella sí, llevará a sus nietos a las pruebas de sangre este medio día.
Según me contó en una de las charlas de banqueta, fue ella quien apoyó al grupo indígena para que se fuera a vivir a los últimos terrenos que misteriosamente no fueron concluidos en una segunda fase. Hace cuatro años, la propia Susana se acercó a Anis Isabel, para que las familias tarahumaras que ya vivían en otro asentamiento ubicado justo después de las vías del ferrocarril que conducen a Ciudad Juárez, pudieran ocupar el espacio que se supone sería destinado a un área verde.
“Un tiempo después de que se entregaron las casas de nosotros, les pregunté por qué no se venían para acá, que si nosotros habíamos alcanzado un terreno, ellos también podrían lograrlo”, me narró Stirk en aquella conversación.
Sin embargo, parece que nadie le informó a Anis Isabel ni a la comunidad tarahumara —que ahora ocupa los terrenos en los que dicen vivir cómodamente—, acerca de la evaluación que llevaron a cabo en 2006 la Facultad de Zootecnia de la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), con sede también en esta capital del estado, en la que determinaron que existían elevados niveles de contaminación.
En aquel estudio se determinó que en un radio de 1.5 kilómetros de la ex fundidora de Ávalos existían 21 elementos químicos, entre los que sobresalía el hierro con 228 mil 622 microgramos.
Sin embargo, por el riesgo que representa para el ser humano, el plomo fue el elemento que más llamó la atención de los investigadores, pues alcanzó en algunos puntos hasta 11 mil 518 microgramos. Este número superó hasta 100 veces el límite que establecen normas internacionales como las de la Agencia Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), la cual señala que en asentamientos humanos no debe superar los 140 microgramos. Además, sobrepasó, y por mucho, el máximo de 400 microgramos que marca la norma mexicana, NOM-147-Semarnat/SSA1-2004.
En el caso del arsénico, la misma investigación determinó que existían 222 microgramos en la muestra número uno de jales, cuando la norma nacional, NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, establece que para uso agrícola, residencial o comercial no debe superar los 22 microgramos.
Una tarde antes de mi visita al asentamiento y a la casa de Anis Isabel, las dos mujeres que encabezan el comité de vecinos del fraccionamiento Rinconada de los Nogales, quienes se identificaron únicamente con el nombre de Olivia y Lucy, me preguntaron si ya había ido a conocer la situación en la que vivían los tarahumaras al final de los terrenos sin fincar.
“Allá huele a puro metal”, me dijo una de ellas mientras cruzábamos de una calle a otra sobre uno de los lotes a bordo de una 4 x 4 con el paisaje de las tres viejas chimeneas de la fundidora —que ahora permanecen sin exhalar siquiera una línea de humo— y un depósito de agua como únicos testigos permanentes de la soledad y el abandono. Lucy, quien dijo que había pasado en Navidad a saludar a Isabel, aseguró que aquel extraño olor se debía a que en ese lugar se encontraba un “tiradero de arsénico”. Pero antes de llegar al lugar, poco imaginaba la terrorífica escena que nos aguardaba.
Justo a un costado del grupo de casas de madera y lámina, del que forma parte la de Dolores y sus dos hijos, miré cómo una pequeña figura de piel morena y ojos también rasgados en forma de almendra jugaba sobre un pequeño cerro de tierra colorada.
En ese momento, el niño usaba insistentemente sus manos y sus pies intentando superar la pendiente para llegar a la cima. Era un reto que se esforzaba por lograr, pero que por más que intentaba no podía completar. Cansado, el pequeño se sentó sobre el piso, sobre la tierra del cerro que, según las vecinas, está plagado de arsénico, un metaloide de elevada toxicidad para el ser humano que puede ser absorbido por vía cutánea, digestiva y pulmonar, y que en exposición continua acarrea debilidad, enfermedades de la piel, anemia y trastornos del sistema nervioso.
Enseguida pensé en las recomendaciones que la Organización Mundial de Salud ha hecho en casos famosos de contaminación de plomo, como el de La Oroya, en Perú, un desastre ecológico que tomó relevancia internacional por los efectos que tuvo en la población civil. En ellas, se incluyen que los niños no jueguen con la tierra, se laven las manos continuamente y que se barran y laven seguido los pisos de las casas; sin embargo, en este lugar las casas carecen de esa instalación.
Otros vecinos, como Guillermina Martínez Chavira, originaria —como casi todos aquí— de Guachochi, un municipio con elevados índices de marginación enclavado en la sierra sur del estado, aseguran que lo único que ellos buscan es legalizar y ser propietarios de un pedazo de tierra. A ella, como al resto, incluidos los funcionarios, parece no importarle la contaminación que hay en este lugar.

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