Ordena EPN fiscalía especial sobre caso Ayotzinapa

México, DF.
El presidente y los padres de los 43 normalistas, se reunieron por segunda ocasión a un año de la desaparición.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ordenó la creación de una fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas tras su reunión con familiares de los normalistas de Ayotzinapa.
Dado que la instrucción presidencial se giró este jueves, todavía no existe un candidato a titular para la fiscalía, dijo el vocero de Presidencia, Eduardo Sánchez, en una rueda de prensa posterior a la reunión de los familiares de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, con el mandatario.
Peña se encontró este jueves con 110 familiares y abogados del caso, en una reunión privada en instalaciones del Museo Tecnológico (Mutec) de la Comisión Federal de Electricidad, a dos días de que se cumpla el primer aniversario de la desaparición de los jóvenes.
Al encuentro asistieron cuatro de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), quienes entregaron al presidente una copia del informe publicado recientemente, donde cuestionan la “verdad histórica” ofrecida por la Procuraduría General de la República (PGR) en enero a propósito de la desaparición de los jóvenes.
La versión oficial de las autoridades es que, tras un enfrentamiento en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre, las fuerzas de seguridad municipales llevaron a los jóvenes con miembros de la organización criminal Guerreros Unidos, quienes los confundieron con integrantes de la banda rival, Los Rojos, y los mataron para posteriormente calcinar sus restos en el basurero de Cocula.
De acuerdo con los expertos, en un informe dado a conocer a principios de este mes, la versión PGR no tomó en cuenta un elemento “clave” dentro de las investigaciones: la presencia de un quinto autobús que transportaba droga. Además, el informe señala que un peritaje independiente realizado por el peruano José Torero determinó que no era posible quemar 43 cuerpos en el basurero.
En el encuentro, en el que Peña manifestó que “están del mismo lado”, los familiares de los jóvenes solicitaron que el gobierno acepte plenamente el informe del GIEI y ratifique que el caso permanece abierto.
Además, pidieron que se investigue el caso en una unidad especializada, supervisada por un organismo internacional. Este se compondría por dos instancias: “una que indague a profundidad dónde están los estudiantes y otra que investigue el montaje con el que se pretendió engañar a las familias”, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro en un comunicado.