Corte decidirá si violó derechos al contaminar

México, DF.
Ministros determinarán si Buenavista del Cobre es o no ‘autoridad responsable’.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará si la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, es responsable de la violación a derechos humanos por el derrame en el Río Sonora que ha afectado la vida y salud de los pobladores.
A más de 14 meses de que un derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre contaminó el Río Sonora, los Comités de Cuenca y el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder) lograron que la Corte analice la posible atracción de un juicio de amparo contra la empresa que tiene una concesión otorgada por el gobierno.
Se trata de un hecho inédito, toda vez que los ministros podrían aprobar que Buenavista del Cobre sea considerada como “autoridad responsable” por la falta de un plan de manejo de residuos peligrosos, de un programa de remediación ambiental integral y por las irregularidades para operar los lixiviados (desechos químicos). Consecuencia de ello son las afectaciones a los pobladores de manera directa.
Esto sentaría un precedente legal que permitiría demandar a empresas y no sólo a instituciones del Estado por violaciones a derechos humanos, como ocurre actualmente.
“Una empresa que ha recibido concesiones del gobierno puede ser considerada autoridad, al mismo nivel que el gobierno. Claramente tiene responsabilidad y la Suprema Corte puede determinarlo de una vez por todas”, aseguró Bejamin Cokelet, director ejecutivo de Poder.
Hasta el momento, Buenavista del Cobre sólo ha gastado 0.2% de sus ingresos anuales por el derrame del 6 de agosto de 2014. En ello se encuentra el fideicomiso de 2 mil millones de pesos (deducible de impuestos) para los afectados, lo que representa 0.013% de las ventas de la empresa.
También incluye la multa interpuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por 24 millones de pesos, lo que representa 0.00016% de los ingresos anuales.
En realidad, “esto no ha sido suficiente ni ha corregido la situación de fondo porque los pobladores siguen siendo afectados y el problema no ha sido resuelto”, afirmó Cokelet en conferencia de prensa.
De ser considerados como “autoridad responsable” podría ser sancionados medidas que va dese la disculpa pública hasta “las garantías de no repetición”, informó el abogado de Poder que lleva el caso, Luis Miguel Cano.
La no repetición sería medida más importante, toda vez que “la empresa ha incumplido con la normatividad y ha tenido beneficios de ello” y, peor aún, el derrame ocurrido hace un año podría repetirse porque Buenavista del Cobre no ha cambiado su forma de operación, dijo Cano.
Además, conforme a la Ley Minera, Buenavista del Cobre podría perder la concesión sólo por una resolución judicial.