El Diario de SonoraCDMX
Fiscales la acusan de ser omisa ante irregularidades detectadas en auditorías
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Rosario Robles, ex titular de las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorio y Urbano (Sedatu), un posible daño al erario por un monto de 5 mil 73 millones 358 mil pesos, derivado de la omisión en denunciar o impedir el desvío de recursos públicos a través de la llamada ‘Estafa Maestra’.
En la audiencia de imputación, la FGR explicó que Robles Berlanga es responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público en calidad de autora directa, con las agravantes de que el delito se cometió con dolo, de manera reiterada y con evidente omisión.
De acuerdo con el pliego de imputación, el daño al erario se registró a través de 27 convenios generales que firmaron Sedesol y Sedatu con universidades públicas y sistemas de televisión estatales, a pesar de que estos no tenían las condiciones para prestar los servicio contratados y sin que se acreditara en algunos casos el cumplimiento de lo contratado.
La fiscal Teresa Maldonado explicó que Rosario Robles fue omisa al no hacer uso de sus facultades legales para impedir dichas irregularidades y en no denunciar ante su superior jerárquico, es decir, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, las conductas ilícitas llevadas a cabo por funcionarios y funcionarias que estaban bajo su mando en Sedesol y Sedatu
La imputación también señala que la omisión persistió a pesar de que en junio de 2014 el entonces auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, le advirtió de los presuntos desvíos y convenios irregulares que habían firmado sus subordinados sin que actuara de alguna forma para impedirlo.
Además, la FGR dio cuenta de al menos una decena de oficios presentados por ex funcionarios de Sedesol y Sedatu para advertir del esquema ideado por servidores públicos para la subcontratación de servicios que no eran requeridos y que tampoco se prestaban, puesto que no existen documentos comprobatorios, es decir, que carecen de entregables.
“La conducta ilícita se hizo con pleno conocimiento, repito, con pleno conocimiento de la hoy imputada, provocando que se diera una afectación al erario al no actuar contra los terceros que de manera reiterada cometían las irregularidades, por lo que es responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión, de forma continuada, con dolo y en calidad de autora directa”, explicó la Fiscal.
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