Pide legalizar el consumo de droga

Bogotá, Col

La guerrilla considera que debe ser visto como un problema de salud pública.

Las FARC propusieron la despenalización del consumo de drogas psicoactivas como parte del plan que defiende en las conversaciones de paz con el Gobierno colombiano, actualmente centradas en el tema de drogas y narcotráfico.
El grupo rebelde consideró que el consumo de ese tipo de drogas debe ser visto como un problema de salud pública y ubicó en el Estado la responsabilidad central para su prevención, tratamiento y regulación, según una declaración de la guerrilla divulgada en La Habana, sede de los diálogos.
La política pública se fundamentará en la superación del prohibicionismo y la despenalización del consumo. Ello implica privilegiar medidas y acciones tendentes a la regulación gradual y diferenciada del consumo, incluida su legalización, atendiendo sus impactos y usos”, afirma el texto leído ante periodistas por el guerrillero ‘Ricardo Téllez’.
Las FARC apuntan que los consumidores deberán ser tratados como víctimas de la empresa criminal transnacional del narcotráfico y se proscribirá su estigmatización y persecución.
Se garantizará la descriminalización del consumo, lo cual conlleva la realización de las reformas del caso en materia penal”, añade el documento.
Preguntado sobre el alcance que tendría esa despenalización, ‘Téllez’, alias de Rodrigo Granda, se limitó a decir que el plan es para discutirlo con el Gobierno, y señaló que la cuestión de la ilegalidad de este negocio es el que lo hace bastante atractivo nacional e internacionalmente.
Las propuestas presentadas prevén también una reforma estructural al régimen de seguridad social en salud, y la creación de un Consejo Nacional de Políticas contra el consumo de drogas sicoactivas.
Ese organismo integraría a las instituciones estatales, las científicas, las comunidades terapéuticas y los consumidores organizados para diseñar políticas públicas sobre el tema con un enfoque de salud pública.
No obstante, las FARC sostienen que la centralidad de la responsabilidad recaerá sobre el Estado, que deberá garantizar el acceso gratuito a los tratamientos de rehabilitación.

---