PHOENIX, AZ
El Estado busca con esta ley propuesta combatir el trasiego de indocumentados.
Convertida en la zona cero de las leyes antiinmigrantes, el Estado de Arizona volvió a demostrar su capacidad para sorprender con la aprobación de una iniciativa que, en caso de convertirse en ley, haría candidatos a la pena de muerte a quien facilite o participe en el tráfico de personas.
Con una votación de 35 votos a favor y 24 en contra, la iniciativa, promovida por el fiscal del condado de Pinal, Lando Voyles, y que ha encontrado el inmediato respaldo del republicano Justin Pierce, busca expandir la definición de “delito grave” con una provisión que establece que quien “participe en o ayude a una organización de contrabando humano” podría ser candidato a la pena de muerte.
La iniciativa, que aún tendrá que sortear la votación en el Senado estatal, enfrenta la firme oposición de los demócratas, que la consideran un despropósito.
En una vehemente defensa de la iniciativa que ha sido aprobada por la Cámara Baja, su promotor, Lando Voyles, consideró durante una comparecencia ante el Comité de Justicia de la Cámara de Representantes que ya había llegado el “momento de que Arizona reconozca la gravedad de estos crímenes que son cometidos contra individuos que son sometidos a condiciones peligrosas cuando son llevados ilegalmente a Arizona”.
“En concreto, las personas que son objeto de tráfico suelen soportar temperaturas extremas, la falta de alimentos y agua y un abrumador desprecio por la vida humana”, dijo. Por tanto, concluyó, “debemos reconocer el contrabando como delito grave y obligar a estos depravados contrabandistas a rendir cuentas de sus actos”.
Nada más conocer los términos de esta iniciativa, Ben Monterroso, director ejecutivo de la organización Mi Familia Vota, consideró de un cinismo inaudito el hecho de que quienes dicen defender a los inmigrantes que cruzan la frontera, en realidad lo único que quieren promover son “leyes hechas al gusto de los extremistas”.