Dos granadas, detonadas el 10 de septiembre, marcaron un escalofriante capítulo en la historia de este barrio bogotano. Las autoridades, encabezadas por la Policía Metropolitana de Bogotá y el alcalde Carlos Fernando Galán, se presentaron en el lugar de los hechos para investigar el ataque. Las primeras pesquisas apuntan a que los artefactos explosivos fueron colocados como una respuesta a las capturas y condenas que se han dado en los últimos tiempos.
El miedo se instaló en el sector tras el ataque. En la mañana del 11 de septiembre, el Gaula Militar se desplegó en María Paz para reforzar la seguridad e impedir nuevos ataques.
El relato de los comerciantes es un testimonio conmovedor del clima de miedo que reina en el sector. "Los ladrones y los extorsionistas nos dicen que si uno no vende vicio en el negocio, nos pueden poner una bomba o cerrarnos", confiesa don Luis, un comerciante que ha sido víctima de amenazas durante años. Su testimonio, junto a las imágenes de los locales comerciales con carteles de "se vende" o "se arrienda", reflejan el impacto devastador que la extorsión ha tenido en la vida económica del barrio.
Don Luis, con valentía, relata cómo los extorsionistas llegan a diario a hostigar a los trabajadores y les exigen fuertes sumas de dinero a cambio de "protección". "Nadie quiere denunciar, todo el mundo tiene miedo y está escondido porque los amenazan de que los van a matar", lamenta don Luis. El temor es palpable; un restaurante que operó durante años en El Amparo permanece cerrado desde hace más de 12 meses, víctima de las amenazas y la extorsión que lo obligaron a cerrar sus puertas.
Las autoridades y los habitantes de María Paz se enfrentan a una situación crítica que requiere una respuesta contundente. La seguridad del barrio está en juego y la necesidad de recuperar la tranquilidad es urgente.