Cecilia Castellano, ciudadana estadounidense nieta de mexicanos, busca convertirse en diputada estatal demócrata en Texas. Su campaña se ha visto envuelta en una investigación por parte del fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien la acusa de fraude electoral. Castellano, a su vez, argumenta que la acusación tiene como objetivo intimidar a los votantes latinos.
La investigación se centra en una ley electoral texana, promulgada en 2021, que prohíbe la ayuda no autorizada en el llenado o transporte de papeletas de voto por correo. La ley, que ha sido cuestionada por su constitucionalidad, también penaliza la motivación de ciudadanos para registrarse a votar bajo "falsas pretensiones".
Castellano y organizaciones latinas han trabajado para motivar a la comunidad hispana a votar, pero niegan cualquier acto de fraude. Argumentan que la investigación es una maniobra política para intimidar a los votantes latinos en un estado donde la población hispana está en aumento.
El caso ha generado controversia, con algunos expertos legales cuestionando la legalidad de la ley texana y argumentando que está diseñada para suprimir el voto. Un juez bloqueó las investigaciones de Paxton al considerar que la ley es inconstitucional, pero Paxton ha apelado la decisión.
La situación destaca la polarización política en Texas y la creciente importancia del voto latino en las elecciones. La campaña de Castellano se ha convertido en un caso emblemático de las presiones que enfrentan los candidatos latinos en un entorno político cada vez más hostil.