La auditoría estatal de un programa que supervisa la liberación de depredadores sexuales violentos (SVPs) tras su tratamiento ha puesto de manifiesto la dificultad de encontrar hogares permanentes para estos individuos.
La auditoría, publicada recientemente, propone la creación de hogares grupales como estaciones de paso mientras se busca un lugar permanente para los SVPs. Esta propuesta ha generado debate, ya que algunos consideran que estos hogares podrían poner en riesgo a la comunidad, mientras que otros los ven como una solución viable para la reintegración social de los SVPs.
El estudio destaca que muchos arrendadores se muestran reacios a alquilar a un SVP debido a la oposición de la comunidad y algunos han sido víctimas de vandalismo. Esto provoca que la mayoría de los SVPs terminen en zonas rurales, lejos de los centros urbanos, dificultando su acceso a recursos y apoyo.
El Senador estatal Brian Jones, quien solicitó la auditoría, sostiene que los SVPs "han cometido crímenes sexuales tan atroces y violentos, que creo firmemente que nunca deberían ser liberados de prisión o de hospitales estatales". Jones considera que si se requiere la liberación condicional, "debe ocurrir en propiedad estatal bajo supervisión estricta y constante".
Por otro lado, el defensor público del condado de San Diego, Paul Rodríguez, apoya la idea de la vivienda de transición, argumentando que "la vivienda de transición permitiría que nuestros clientes comiencen la fase de reintegración comunitaria supervisada de su tratamiento de manera más eficiente".
La auditoría no ofrece soluciones concretas para el problema de la vivienda a largo plazo, pero pone de manifiesto la necesidad de encontrar una solución que garantice la seguridad de la comunidad y la reinserción social de los SVPs.