La Bridging Divides Initiative (BDI) de Princeton, por ejemplo, ha emitido una alerta sobre el aumento de la actividad de grupos que, como True the Vote, se dedicaron a difundir falsas narrativas sobre fraudes electorales en el 2020. Se teme que estos grupos vuelvan a presionar con la idea de que las elecciones son fraudulentas, creando un ambiente propicio para la violencia.
El Proyecto Global Contra el Odio y el Extremismo (GPAHE), por su parte, ha detectado un aumento en las conversaciones violentas en plataformas como Telegram, Gab, Communities.win y Fediverse. Las publicaciones en estos espacios están cargadas de una retórica violenta, justificando incluso llamados a la "guerra civil" y la violencia contra quienes consideran "votantes ilegales".
Los datos de la BDI revelan que en 2022 hubo 44 incidentes de monitoreo físico en sitios de entrega de boletas. Aunque la cifra puede parecer pequeña, el problema es que las amenazas de monitoreo de votantes han vuelto a surgir en línea durante la campaña de 2024. Estados como Arizona y Wisconsin, por ejemplo, han aprobado leyes que relajan las restricciones al monitoreo, abriendo la puerta a una posible intimidación de los votantes.
El panorama es complejo y preocupa. La preocupación por la violencia política no es un capricho, sino que se basa en la realidad de las conversaciones en línea y las acciones de grupos que buscan influir en las elecciones a través del miedo y la desconfianza.