La administración Biden había implementado una medida que buscaba aliviar este temor, llamada "Keeping Families Together". Esta iniciativa prometía una oportunidad para que esposos e hijastros indocumentados de ciudadanos estadounidenses pudieran solicitar una tarjeta verde sin tener que salir del país, un proceso que a menudo implica separaciones familiares durante años. Imagina la angustia de una familia que se ha forjado una vida en este país, con la amenaza constante de ser separados por un proceso legal complejo y desalentador. La promesa de "Keeping Families Together" era un rayo de esperanza, un camino hacia la estabilidad y la tranquilidad.
Sin embargo, la esperanza se desvaneció rápidamente. Un juez federal en Texas, J. Campbell Barker, tomó una decisión que ha dejado a cientos de miles de inmigrantes en un estado de incertidumbre. Barker argumentó que la administración Biden había excedido su autoridad legal al implementar el programa, declarando que había "estirado la interpretación de las leyes de inmigración existentes más allá de su punto de ruptura". Esta decisión ha puesto en pausa la iniciativa, impidiendo que muchos inmigrantes puedan incluso completar sus solicitudes.
La batalla legal por este programa fue encabezada por Texas y otros 15 estados liderados por republicanos, quienes argumentaron que la iniciativa ignoraba al Congreso y podría imponer cargas financieras indebidas a los gobiernos estatales. También alegaron que el programa era políticamente motivado, con el objetivo de ganar el favor de las comunidades inmigrantes antes de las elecciones.
La decisión del juez deja a miles de familias en la incertidumbre, con la amenaza de separación y deportación acechando en el horizonte. La batalla por la justicia y la reunificación familiar continúa en las cortes, mientras el futuro de estas familias permanece en el limbo, a merced de las decisiones políticas y legales que se avecinan.