Tensión por las Deportaciones Masivas: La Resistencia de las Ciudades Santuarios ante Trump
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Leonora LagardaEn un contexto donde la migración se ha convertido en un tema candente, la postura de los gobiernos estatales se perfila como un factor determinante en la implementación de políticas migratorias. La administración de Donald Trump, quien ha prometido llevar a cabo deportaciones masivas de migrantes indocumentados, dependerá en gran medida del apoyo de las autoridades locales y estatales para ejecutar sus planes.
Según expertos consultados por la agencia de noticias EFE, Trump tiene la intención de utilizar el poder federal, incluyendo una ley del siglo XVIII, para llevar a cabo estas deportaciones, que afectarían a más de 11 millones de migrantes en situación irregular en el país. En este escenario, activistas y defensores de los derechos de los migrantes están organizándose para contrarrestar las posibles acciones del nuevo gobierno.
En ciudades como Nueva York, donde residen más de medio millón de indocumentados, el alcalde Eric Adams ha reafirmado su compromiso con la política de ciudades santuarios, que busca proteger a los migrantes. A pesar de su oposición a las deportaciones masivas, Adams ha admitido que aún no cuentan con un plan concreto para enfrentar las acciones prometidas por Trump.
Hasta el momento, las iniciativas han sido limitadas. El comisionado de la Oficina de Asuntos del Inmigrante, Manuel Castro, ha mantenido reuniones con organizaciones comunitarias para coordinar respuestas ante la nueva administración. Activistas de diversas organizaciones han manifestado su determinación de resistir, afirmando: "Lo detuvimos antes y lo detendremos nuevamente", en referencia a sus esfuerzos pasados.
Por otro lado, en Texas, un estado gobernado por el aliado de Trump, Greg Abbott, las preocupaciones son palpables. Kassandra González, abogada de Texas Civil Rights Project, expresó su inquietud sobre la posible separación masiva de familias y el uso de perfiles raciales para detener a personas, tanto en la frontera como en el interior del estado. En Texas, aproximadamente 5.6 millones de personas viven en familias con "estatus mixto", donde al menos un miembro no es ciudadano estadounidense.
Maribel Hernández, abogada de ACLU, también ha señalado que Trump no se limita a lo que establece la ley, afirmando que "hace lo que va a hacer, pero nosotros obviamente iremos a las cortes y demandaremos". La situación se presenta como un desafío tanto para los migrantes como para las autoridades locales, quienes deberán navegar en un entorno cada vez más complejo.
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