La asambleísta de Queens, Catalina Cruz, es la patrocinadora de esta legislación, que aspira a destinar $165 millones para extender acciones de representación legal a quienes están en riesgo de entrar en el aro de la política federal. Según Cruz, si no se avanzan en algunas protecciones, podrían terminar removiendo a personas que simplemente no pudieron renovar un beneficio migratorio, se les negó una aplicación o faltaron a una cita en la corte.
“La pregunta sobre a quiénes deportarán primero, solamente la puede responder el presidente Trump. Nosotros no nos queda más que apostar a un incremento de los fondos para que familias de Nueva York, que incluso viven en zonas rurales apartadas, puedan tener la representación de un abogado”, enfatizó la legisladora colombiana.
La legislación CARE apoyaría a personas que sin tener una orden de deportación y no tienen ningún record criminal, puedan navegar en posibilidades reales de salir de las sombras de la ilegalidad, sin ser víctimas de estafadores. Los fondos aumentaron de $10 millones a $65 millones en los últimos años, y esta propuesta busca establecer un derecho a la representación universal.
La ventaja de tener un abogado es significativa, según un balance de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC). El 60% de los inmigrantes no detenidos que cuentan con abogados ganan sus casos, frente al 17% que no cuentan con asistencia jurídica.
La campaña por la legislación CARE está siendo promovida por el Instituto Vera de Justicia Vera y la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC). Si se aprueba, generaría estabilidad a largo plazo en los servicios legales de inmigración de Nueva York.