La situación económica, con su alta inflación y el costo de vida, también juega un papel crucial en este clima de incertidumbre.
En medio de este torbellino, el gobierno canadiense, liderado por Justin Trudeau, ha anunciado un ambicioso plan de 1.300 millones de dólares canadienses (USD 908 millones) para reforzar la seguridad fronteriza con Estados Unidos. Este movimiento, casualmente anunciado un día después de la sorpresiva renuncia de la Ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, quien acusó a Trudeau de falta de preparación para una segunda presidencia de Donald Trump, ha generado una ola de especulaciones.
El nuevo plan, detallado por el Ministro de Seguridad Pública, Dominic Le Blanc, incluye la creación de un "grupo operativo de inteligencia aérea" operado por la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), equipado con helicópteros, drones y torres de vigilancia móviles. "Canadá se enorgullece de sus agencias fronterizas y policiales...", declaró LeBlanc en un comunicado, una frase que suena a justificación ante la creciente presión política.
Pero la situación va más allá de la simple seguridad fronteriza. El plan también contempla:
- Ampliación de la capacidad de recopilación de información de la RCMP y del Communications Security Establishment.
- Aumento de multas y sanciones penales por lavado de dinero, junto con la creación de un grupo de trabajo específico.
- Mayor intercambio de información entre funcionarios canadienses y estadounidenses, así como entre el gobierno federal y las provincias.
- Propuesta a Estados Unidos para crear una "Fuerza de Ataque Conjunta de América del Norte" contra el crimen organizado transnacional.
El anuncio del plan fronterizo, aparentemente motivado por las preocupaciones de Trump sobre la inmigración ilegal y el fentanilo, se presenta como una medida para aplacar al presidente electo de Estados Unidos. Sin embargo, en el contexto de la crisis interna que vive Canadá, la verdadera motivación y el impacto a largo plazo de esta iniciativa quedan en duda.