El foco de atención: la residencia presidencial. Allí, Yoon Suk-yeol, el presidente de Corea del Sur, se encontraba en el centro de una operación de gran envergadura. Más allá de los rumores y especulaciones, la realidad era que un equipo de la oficina anticorrupción y la Policía surcoreana se acercaba al recinto, decididos a ejecutar una orden de arresto.
El reloj marcaba las 8:00 hora local (23:00 GMT del martes). Un convoy, imponente en su discreción, se dirigía a la entrada principal. “Tres horas de tensión, tres horas de un pulso entre el poder y la ley”, relatan testigos presenciales. El Servicio de Seguridad Presidencial (PSS) había establecido varias líneas de barricadas, intentando, infructuosamente, impedir el acceso.
La resistencia fue feroz, pero la determinación de las autoridades era aún mayor. Los oficiales lograron superar las barreras defensivas, en un enfrentamiento que dejó un detenido: Kim Sung-hoo, jefe del PSS, acusado de obstrucción a la justicia por intentar bloquear la detención del mandatario. La acción judicial, según fuentes oficiales, se basa en “acusaciones de corrupción y abuso de poder durante su mandato”.
El operativo, sigiloso pero contundente, culminó con el acceso a la residencia presidencial. Los detalles exactos del arresto se mantienen bajo reserva, pero el evento ya ha generado un impacto político significativo en el país asiático. La situación continúa desarrollándose, con las consecuencias políticas e institucionales aún por verse.