A cinco días de que termine el mandato del presidente Joe Biden, la comunidad migrante de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Haití mantiene la esperanza de que se les otorgue o se extienda el Estatus de Protección Temporal (TPS). Esta medida les serviría como un escudo ante las políticas migratorias de la administración entrante de Donald Trump, quien asumirá la presidencia el próximo lunes.
Organizaciones como la Red Migrante Guatemalteca, liderada por Walter Batres, han intensificado sus gestiones. “Por favor, señor presidente, no nos defraude. Tenemos fe en usted”, suplicó Batres en un comunicado, destacando la contribución de los guatemaltecos a la economía estadounidense. La abogada Carolina Solís, de la misma Red, confirma que desde 2024 mantienen un diálogo constante con la Casa Blanca y diversos departamentos gubernamentales, presentando abundante documentación para justificar su petición. Este esfuerzo cuenta con el respaldo de al menos 80 congresistas y del mismo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien realizó la petición formal al gobierno estadounidense en abril pasado.
El TPS, que otorga permiso de trabajo y protección contra la deportación, es una herramienta vital para estos migrantes. Actualmente, 16 países se benefician de este programa, creado para amparar a nacionales de países afectados por conflictos armados, desastres naturales o circunstancias extraordinarias que impiden su retorno seguro. Sin embargo, Guatemala nunca ha sido incluida. La solicitud actual cobra mayor relevancia ante el antecedente de la administración Trump (2017-2021), que intentó eliminar el TPS para varios países, incluyendo El Salvador, Haití, Nicaragua y Honduras, enfrentando una batalla legal por este intento.
La situación se complica para los migrantes hondureños, quienes vieron una extensión del TPS para los venezolanos y salvadoreños, pero no para ellos. “Estamos consternados y desilusionados, el presidente Biden se ha olvidado de nosotros,” lamenta Juan Flores, director de la Fundación 15 de Septiembre. El mismo sentimiento se comparte entre los nicaragüenses y haitianos, quienes enfrentan una situación similar, con María Asunción Bilbao del American Friends Service Committee expresando la profunda decepción ante la falta de acción del presidente Biden, haciendo referencia a los aproximadamente 400,000 nicaragüenses que podrían enfrentar deportación.
Los días restantes del gobierno de Biden se presentan como una carrera contra el tiempo, con la incertidumbre latente y un futuro incierto para miles de familias centroamericanas en Estados Unidos.