En el centro de la polémica se encuentra el proyecto de ley 1484 de la Cámara de Representantes, impulsado por el representante estatal republicano Justin Keen. Este proyecto propone la creación del Programa de Cazarrecompensas de Extranjeros Ilegales Certificados de Mississippi. ¿Su objetivo? Incentivar la deportación de inmigrantes indocumentados mediante el pago de una recompensa.
Según el proyecto, cada deportación exitosa realizada con la ayuda de un "cazador de recompensas" registrado generaría un pago de $1,000. La financiación provendría de la asamblea general y sería administrada por el tesorero estatal. El fiscal de distrito del condado de DeSoto, Matthew Barton, señala que esta iniciativa "se basa en los esfuerzos del presidente Trump para combatir la inmigración ilegal y proteger a los ciudadanos", añadiendo que "la seguridad de los habitantes de Mississippi es lo primero".
Keen justifica la propuesta argumentando que "hemos visto de primera mano el peligro que representan los actores malintencionados y los criminales violentos que ingresan ilegalmente al país", citando el caso de "la inocente vida de Laken Riley" (aunque no se proporciona más información sobre este caso). La iniciativa, asegura, aliviaría la carga financiera de los contribuyentes de Mississippi, que actualmente asumen los costos de la inmigración ilegal.
La medida busca una colaboración entre las fuerzas del orden y ciudadanos privados para identificar a inmigrantes indocumentados. Sin embargo, la propuesta ha generado controversia, pues algunos la consideran una medida extrema que podría llevar a abusos. Aun así, el apoyo de altos funcionarios estatales y la narrativa en torno a la seguridad ciudadana la posicionan como un tema crucial en la agenda política de Mississippi. El debate promete ser largo y complejo, con implicaciones que van más allá de las fronteras estatales.
Entre las preocupaciones adicionales, surge la interrogante sobre la regulación y el control de este nuevo programa, la posible discriminación y los posibles abusos de poder por parte de los “cazadores de recompensas”. El número de inmigrantes indocumentados con órdenes de deportación en Estados Unidos, estimado en alrededor de 1.4 millones, según fuentes oficiales, añade otra capa de complejidad a este debate.
Mientras tanto, el proyecto de ley sigue su curso en el proceso legislativo, dejando la incertidumbre sobre su futuro aprobación y las consecuencias que podría tener en la sociedad de Mississippi.