El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció recientemente un acuerdo crucial con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Este acuerdo, según Abbott, otorga a la Guardia Nacional de Texas la autoridad para arrestar migrantes, una facultad previamente reservada a agentes federales. El acuerdo, según reportes del medio Breitbart, permite a los efectivos de la Guardia Nacional ejercer "todas las funciones de un agente de migración" siempre y cuando un agente de la Patrulla Fronteriza o una autoridad migratoria esté presente.
Esta medida se enmarca dentro de la Operación Lone Star, una iniciativa lanzada por Abbott que ha destinado más de 11 mil millones de dólares a la militarización de la frontera con México. Hasta la fecha, se han desplegado más de 10,000 efectivos de la Guardia Nacional, un despliegue masivo con implicaciones a largo plazo.
La decisión llega tras la firma de varias órdenes ejecutivas por parte del presidente Donald Trump al inicio de su mandato, incluyendo el decreto de una "emergencia nacional" en la frontera y el despliegue de miles de soldados adicionales. Incluso, se ha reportado el uso de aviones militares para deportaciones, generando tensiones internacionales.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, realizó una visita a la frontera para supervisar las operaciones. Hegseth, en un mensaje en redes sociales, afirmó que el objetivo es lograr un "control operativo del 100 por ciento de la frontera". La seguridad fronteriza, según sus declaraciones, es considerada una prioridad nacional de máxima importancia. La visita de Hegseth coincidió con un incremento en el número de tropas en servicio activo en la zona, llegando a aproximadamente 4,000.
La situación plantea interrogantes sobre el impacto a largo plazo en las relaciones internacionales y los derechos humanos de los migrantes. La escalada de la militarización de la frontera ha generado reacciones diversas y un debate en torno a la efectividad y legalidad de las medidas adoptadas.