En el centro de la controversia se encuentra el caso de Jocelyn Nungaray, una niña de 12 años asesinada en Texas en julio de 2024. Su muerte, un crimen brutal que incluyó agresión sexual, ha generado una ola de indignación y motivado acciones drásticas por parte de las autoridades texanas.
Greg Abbott, gobernador de Texas, ha exigido la pena de muerte para los responsables, Johan José Martínez-Rangel y Franklin José Peña Ramos, dos ciudadanos venezolanos indocumentados con presuntos vínculos con el Tren de Aragua. “La justicia para Jocelyn exige acción," declaró Abbott en un discurso ante un grupo selecto de republicanos, "exijo una legislación que imponga la pena de muerte a cualquier persona condenada por asesinar a una niña como Jocelyn.”
El gobernador ha intensificado su colaboración con la administración Trump, ordenando a las fuerzas de seguridad estatales que colaboren en la detención y deportación de inmigrantes indocumentados. Esta iniciativa, denominada "Operación Estrella Solitaria", se ha aliado con un despliegue militar significativo, incluyendo contingentes de la Guardia Nacional de Texas y soldados federales. Abbott destaca una reducción del 85% en los cruces ilegales gracias a estas acciones, aunque la Casa Blanca ha publicado un video en respuesta a las críticas de figuras públicas como Selena Gómez, presentando el testimonio de madres de víctimas de crímenes cometidos por migrantes irregulares.
Mientras tanto, la investigación sobre el Tren de Aragua avanza. Recientes operativos en varios estados de Estados Unidos han resultado en la detención de una decena de presuntos miembros de esta peligrosa organización criminal, acusados de tráfico de armas, entre otros delitos. "Miembros del TDA han participado en numerosos tiroteos y asesinatos (...). Mucha de la violencia se debe a las hostilidades entre miembros y exmiembros", afirma el investigador Michael Bonner. Las autoridades señalan la expansión de las actividades del Tren de Aragua en Estados Unidos, con ramificaciones en Connecticut, Pensilvania, Texas, Florida y Colorado.
El caso de Jocelyn Nungaray ha desatado un debate complejo sobre inmigración, justicia y seguridad fronteriza, con repercusiones que se extienden más allá de las fronteras de Texas.