Corte bloquea orden de Trump que recorta atención médica para jóvenes transgénero
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Nicol Matuz ScottEn el ojo del huracán se encuentra una orden ejecutiva firmada el 28 de enero por el Presidente Donald Trump, que recortaba la financiación federal para la atención médica de afirmación de género en menores de 19 años. Esta decisión, según la orden, buscaba restringir el acceso a tratamientos como bloqueadores de la pubertad y terapia hormonal para jóvenes transgénero. La medida provocó una reacción inmediata en varios estados, como Massachusetts, Maryland, Washington, Colorado y Virginia, donde hospitales dejaron de brindar esta atención a pacientes trans menores de edad. Estas acciones desencadenaron protestas a nivel nacional.
La respuesta legal no se hizo esperar. El 4 de febrero, la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), Lambda Legal y otras organizaciones presentaron una demanda en nombre de jóvenes transgénero y sus familias. Argumentaron que la orden ejecutiva violaba la Cláusula de Debido Proceso de la Quinta Enmienda y la Cláusula de Protección Igualitaria de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
El argumento central de la demanda destacaba la intromisión del gobierno en decisiones médicas privadas. Como lo expresó Omar Gonzalez-Pagan, asesor principal de Lambda Legal: "Las órdenes del presidente buscaban arrebatar a los jóvenes transgénero la atención que ellos, sus familias y sus médicos coinciden en que es la mejor para ellos—atención médica basada en evidencia y bien establecida. Pero estas decisiones les corresponden a los pacientes, sus familias y sus médicos, no a los políticos o burócratas de Washington".
Tras la demanda, el Juez Brendan Hurson emitió una orden judicial a nivel nacional que bloquea temporalmente la aplicación de la orden ejecutiva de Trump. Esto obliga a las agencias federales a restablecer los fondos retenidos e informar de inmediato a las instituciones sobre la orden de restricción. Brian K. Bond, CEO de PFLAG National, celebró la decisión con estas palabras: "Los buenos y decentes padres de niños transgénero nunca deberían estar en la aterradora posición de que la atención médica prescrita y necesaria de su hijo sea cancelada por el capricho y la amenaza de un político". La decisión judicial deja en suspenso, al menos temporalmente, la polémica medida y reabre el debate sobre los derechos de los jóvenes transgénero en Estados Unidos.
El impacto a largo plazo de esta decisión judicial aún es incierto, pero evidencia la creciente tensión entre las políticas gubernamentales y los derechos individuales en el ámbito de la salud.
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