Temor a la deportación silencia a víctimas de violencia doméstica en Estados Unidos
... 
Nicol Matuz ScottLa Fiscal del Primer Distrito Judicial de Nuevo México, Mary Carmack-Altwies, ha lanzado una alerta preocupante. El temor a la deportación está impidiendo que víctimas inmigrantes de violencia doméstica testifiquen, llevando al sobreseimiento de casos y a la impunidad de los agresores. Un ejemplo impactante fue un caso reciente que involucró a una mujer extranjera que acusó a su pareja, ciudadano estadounidense, de violencia doméstica contra ella y sus dos hijos pequeños, también ciudadanos.
Inicialmente colaboradora, la mujer dejó de responder a las llamadas y mensajes de los fiscales. “De repente, ya no responde a nuestras llamadas ni a nuestros mensajes. Y este hombre no solo la atacó a ella, sino también a dos niños pequeños,” explicó la fiscal. Esta situación no es un caso aislado.
Carmack-Altwies ha observado una disminución significativa en el número de víctimas inmigrantes que testifican en Santa Fe, Española y Los Alamos desde que se intensificaron las medidas de deportación. “¿Y qué significa esto? Significa que un agresor doméstico y un abusador de menores se van a librar de la justicia,” afirmó con preocupación.
La situación se complica aún más con las tácticas de intimidación empleadas por algunos abogados defensores, quienes cuestionan a las acusadoras de habla hispana sobre su estatus migratorio. “Creo que esto realmente está asustando a las víctimas y las está llevando a no querer cooperar, porque no quieren quedar en el registro diciendo: 'Soy indocumentada'," señala la fiscal.
Este problema trasciende las fronteras de Nuevo México. Un reporte del Orange County Register, publicado el 31 de enero, citó a varios académicos que advirtieron sobre el efecto disuasorio de las políticas migratorias en la denuncia de crímenes, no solo por parte de indocumentados, sino también de inmigrantes con documentos, por miedo a las consecuencias para sus familias o amigos.
Se mencionan estudios que señalan una clara correlación entre el incremento del control social sobre los inmigrantes y la disminución en la colaboración con las autoridades. La amenaza de deportación aísla a las comunidades que suelen apoyar y ayudar a la policía, debilitando así los esfuerzos de prevención del delito.
Una posible solución es el programa de visas U, que ofrece cierta protección contra la deportación a víctimas de crímenes indocumentadas que colaboran con las autoridades. La oficina de Carmack-Altwies ha ayudado a unas 25 víctimas a solicitarlas en 2024. Sin embargo, el clima político actual dificulta tranquilizar a las víctimas.
Algunas iniciativas locales, como la Ley Uplifting Victims and Immigrant Safety (U VISA) aprobada en el condado de Montgomery, Maryland, buscan eliminar los plazos de solicitud de visas U, facilitando así el acceso a la protección para las víctimas inmigrantes.
Más Noticias
