Bloquean plan de condonación de deuda estudiantil de Biden: 475,000 millones en juego
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Nicol Matuz ScottEl foco se centra en un polémico programa de condonación de deuda estudiantil, propuesto durante la administración de Joe Biden en 2024, que buscaba aliviar la carga financiera de millones de estadounidenses. La iniciativa, parte de una agenda calificada por algunos como de "extrema izquierda", generó una fuerte controversia desde su inicio.
La cifra de 475,000 millones de dólares, el costo estimado para los contribuyentes, es la clave para entender la magnitud del problema. Este monto, según estimaciones del Modelo Presupuestario de Penn Wharton en 2023, representaría una carga significativa para las finanzas públicas en la próxima década.
El programa, conocido como Plan de Ahorro para una Educación Valiosa (SAVE), fue finalmente bloqueado por completo por un tribunal federal de apelaciones. El juez L. Steven Grasz, en una decisión de 25 páginas, argumentó que el secretario de Educación de Biden, Miguel Cardona, excedió sus atribuciones constitucionales al implementarlo. “En lugar de insinuar por omisión u otras ambigüedades, el Congreso habló muy claro sobre la creación de ese plan de pago con condonación de préstamos y declaró de forma explícita que son los contribuyentes quienes terminan pagando ese costo de manera injusta al asumir el saldo pendiente restante”, escribió Grasz en su fallo.
La reacción política no se hizo esperar. Republicanos en el Congreso acusaron a Biden de intentar "comprar votos" antes de las elecciones de 2024. El senador Bill Cassidy (republicano de Louisiana) declaró el año pasado: “En ningún momento Biden ha perdonado ninguna deuda, sino que tomó esa deuda de quienes la solicitaron por su propia voluntad para estudiar en las universidades y la transfirió a los contribuyentes, que decidieron no ir a la universidad o que ya pagaron sus préstamos”.
La demanda contra el programa fue presentada por fiscales generales republicanos de varios estados, quienes argumentaron que la administración Biden había entregado ilegalmente 1,200 millones de dólares a prestatarios antes de que el programa fuera suspendido parcialmente. Aproximadamente 7.5 millones de estadounidenses se habían inscrito para la cancelación de deuda antes del bloqueo definitivo. El fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, celebró la decisión judicial en un mensaje en X afirmando la importancia de este precedente para el futuro.
Más allá de las cifras y las declaraciones, este caso pone sobre la mesa una discusión fundamental acerca del rol del gobierno en la educación superior y la responsabilidad compartida entre individuos, instituciones y el Estado.
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