Corte Suprema respalda pago de $2000M a contratistas de USAID

En el centro de la controversia se encuentra una orden del juez de distrito Amir Ali que exige al gobierno del expresidente Donald Trump el pago de $2,000 millones a contratistas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Esta decisión, consecuencia de una orden ejecutiva que congeló fondos para ayuda exterior, ha desatado una batalla legal que ha llegado a la Corte Suprema.

La decisión del juez Ali se basa en el argumento de que la orden ejecutiva de Trump no permitía la suspensión generalizada de fondos, lo que dejó a los contratistas sin pagos por servicios ya prestados. “El gobierno no había seguido el curso correcto bajo la Ley de Procedimiento Administrativo,” alegan los contratistas en su demanda. Estos proyectos, con implicaciones globales, incluyen:

• Instalación de sistemas de riego en Ucrania.
• Mejoras en infraestructura hidráulica en Lagos, Nigeria.
• Suministro de equipo médico en Vietnam y Nepal.
• Programas contra la malaria en Kenia, Uganda, Ghana y Etiopía.

El gobierno, bajo la administración Trump, argumentó la imposibilidad de cumplir con el pago inmediato. La Fiscal General interina Sarah Harris declaró ante la Corte Suprema que, si bien “el gobierno está comprometido a pagar las reclamaciones legítimas por el trabajo completado correctamente,” el juez Ali carecía de la autoridad para exigir pagos específicos. La Corte Suprema, en una decisión no firmada, respaldó el poder del juez Ali para ordenar el pago, pero no obligó a un pago inmediato, dejando la determinación de plazos al juez de distrito.

La situación ha generado consecuencias inmediatas. Los contratistas reportan despidos masivos, con organizaciones que han despedido a cientos de empleados debido a la falta de pago. La incertidumbre afecta no solo a los trabajadores en Estados Unidos, sino también a quienes trabajan en proyectos internacionales, generando riesgos en la estabilidad de dichos programas. La decisión de la Corte Suprema, a pesar de no exigir un pago inmediato, ha mantenido abierta la posibilidad de futuras acciones judiciales, dejando el panorama futuro incierto.

Mientras tanto, la administración Trump ya había realizado una revisión de gastos de USAID, recortando miles de programas por un valor de hasta $60,000 millones. Esta medida, también objeto de potenciales litigios, evidencia una política de recortes significativa en el ámbito de la ayuda exterior.

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