Miami-Dade: Nuevo acuerdo ICE-cárceles genera polémica
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Nicol Matuz ScottEl centro de la controversia radica en un acuerdo 287(g) entre las cárceles del Condado Miami-Dade y el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Este acuerdo, obligado por una ley de Florida aprobada en 2022, permitirá que algunos funcionarios penitenciarios del condado entreguen órdenes de deportación a reclusos, una tarea previamente realizada únicamente por agentes del ICE.
La alcaldesa Daniella Levine Cava, defendió la decisión argumentando que se trata de “cumplimiento de la ley”, sin importar la administración en turno. Sin embargo, la aprobación del acuerdo, casi tres años después de la solicitud realizada en 2022, ha levantado interrogantes sobre posibles retrasos en Washington, según fuentes cercanas a la situación. Este hecho, no especificado en la votación, llama la atención de la opinión pública.
La votación en la Comisión del Condado no fue unánime. La comisionada Marleine Bastien, emitió un voto en contra, expresando su preocupación por el costo para los contribuyentes y la posibilidad de que “el condado detenga más tiempo a personas que ya cumplieron su condena”. Bastien argumentó que este acuerdo podría afectar desproporcionadamente a inmigrantes detenidos por infracciones menores, como multas de tráfico o manutención de hijos.
Es importante destacar que las cárceles de Miami-Dade ya colaboraban con el ICE desde 2017, entregando reclusos sujetos a órdenes de deportación. Esta práctica, implementada bajo la administración del entonces alcalde Carlos Giménez, se justificó en su momento como una medida para evitar posibles recortes de fondos federales. Incluso, la actual alcaldesa Levine Cava votó en contra de esta medida en 2017, cuando era comisionada. Ahora, la situación se formaliza con este nuevo acuerdo.
El comisionado Roberto González, por su parte, defendió el acuerdo, argumentando que se trata de “hacer cumplir la ley” y que la colaboración con el ICE ya existe desde hace varios años. Esta perspectiva contrasta con las preocupaciones planteadas por Bastien sobre los posibles impactos en la comunidad inmigrante.
El acuerdo 287(g) deja una serie de interrogantes sobre su impacto a largo plazo, tanto en el sistema carcelario como en la comunidad inmigrante de Miami-Dade. Los detalles sobre los costos y el procedimiento para la entrega de órdenes de deportación siguen siendo temas de debate.
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