Estados Unidos deporta a más de 200 individuos a El Salvador a pesar de orden judicial prohibitoria
... 
Nicol Matuz ScottSe trataba de 238 venezolanos, supuestamente vinculados a la banda criminal Tren de Aragua, y otros 23 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), deportados desde Estados Unidos. La llegada, según declaraciones del presidente Nayib Bukele en redes sociales, se dio a pesar de una orden judicial estadounidense que prohibía las deportaciones, emitida apenas horas antes por el juez James Boasberg.
Bukele, en una publicación posterior, respondió con un irónico “¡Uy!... Demasiado tarde”, refiriéndose a la orden judicial. El mandatario salvadoreño informó que los deportados fueron trasladados inmediatamente al Centro de Internamiento de Terroristas (Cecot), destinados a permanecer ahí "por un año", con posibilidad de renovación.
El acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador, según reportes de la agencia AP, implica un costo de 6 millones de dólares para albergar a aproximadamente 300 migrantes durante un año. “Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero una alta por nosotros,” añadió Bukele, sugiriendo un posible desequilibrio económico en el trato.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó la llegada de los deportados, agradeciendo a Bukele y calificándolo como "el líder de seguridad más firme de nuestra región". Rubio justificó las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, sin mencionar la orden judicial que la suspendía. La aplicación de esta ley, que data del siglo XVIII, ha generado fuertes críticas, pues se recuerda su uso para la internación de ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa durante la Segunda Guerra Mundial.
Por su parte, el gobierno venezolano calificó la decisión como un acto que evoca "los episodios más oscuros de la historia humana, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración nazis".
Videos difundidos en redes sociales muestran a los deportados, esposados y con la cabeza obligada a permanecer baja, siendo trasladados en autobuses custodiados por un importante contingente policial hacia el Cecot, la "megacárcel" de El Salvador, una prisión de máxima seguridad con capacidad para 40.000 personas, criticada por organizaciones de derechos humanos por las condiciones de reclusión.
La falta de identificación individual de los deportados y la ausencia de pruebas que confirmen su pertenencia al Tren de Aragua o la comisión de delitos en Estados Unidos, plantea interrogantes sobre la transparencia del proceso. Estas deportaciones, en el contexto de la campaña anti-inmigración del presidente Trump, se suman a las acciones ya emprendidas, aunque un informe reciente indica que las deportaciones en febrero de 2025 fueron inferiores a las del mismo mes del año anterior.
Más Noticias
