Venezuela desmiente acusaciones de tratar a mirantes como "enemigos extranjeros"

...

La semana pasada estuvo marcada por un complejo intercambio entre Venezuela y Estados Unidos, reavivando tensiones geopolíticas en la región; un acontecimiento inesperado, en medio de las negociaciones comerciales y diplomáticas, desató una controversia que ha captado la atención internacional

Autor

Nicol Matuz Scott el 16/03/2025 01:16 PM.
En Internacional y editada el 16/03/2025 01:20 PM.

El centro de la disputa gira en torno a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada por la administración Trump para deportar a presuntos miembros del Tren de Aragua, una banda criminal de origen venezolano. Esta ley, "anacrónica y violatoria de derechos humanos," según el gobierno venezolano, permite la detención y expulsión de ciudadanos de naciones consideradas enemigas. Su uso, inusual en tiempos recientes, recalienta el debate sobre la legitimidad de las acciones tomadas por el gobierno estadounidense.

El gobierno de Nicolás Maduro, enfrentando una crisis migratoria que ha desplazado a más de 7.5 millones de venezolanos según la ONU, rechaza la acusación de que los migrantes sean considerados "enemigos extranjeros". Su comunicado oficial afirma que la mayoría de los migrantes "son mujeres y hombres trabajadores, dignos y honestos, no son terroristas, no son criminales." La situación se complica aún más con las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela, las cuales, según el gobierno de Maduro, exacerban la crisis económica y el éxodo masivo.

Para añadir complejidad a la situación, la orden de deportación de Trump recibió un revés judicial. El juez James Boasberg ordenó una suspensión temporal de 14 días, con una audiencia programada para el 21 de marzo. Mientras tanto, El Salvador recibió a 238 presuntos miembros del Tren de Aragua, destacando la cooperación regional en la lucha contra el crimen organizado trasnacional. Este movimiento coincide con la reanudación de los vuelos de deportación entre Venezuela y Estados Unidos, suspendidos previamente debido a la revocación de la licencia de operación de Chevron en Venezuela.

Además de las tensiones geopolíticas y las implicaciones legales, el caso pone en relieve la compleja realidad de la migración venezolana y las implicaciones humanitarias, así como la creciente cooperación en materia de seguridad entre algunos países de la región.