Crisis migratoria en aeropuertos de Estados Unidos: detenciones y deportaciones generan alerta
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Nicol Matuz ScottAlgunos casos recientes han puesto en evidencia un endurecimiento significativo en las políticas migratorias. Fabian Schmidt, un ingeniero eléctrico de 34 años con residencia permanente en New Hampshire, fue detenido en el aeropuerto de Boston a su regreso de un viaje a Luxemburgo. Su detención, según su abogado, involucró "tácticas de interrogatorio innecesarias", incluyendo una supuesta ducha fría y confinamiento en condiciones precarias. Su historial, según su madre, solo incluye un antiguo cargo de posesión de marihuana desestimado y una cita judicial fallida por un problema con la notificación de cambio de domicilio.
No es un caso aislado. Lucas Sielaff, un fontanero alemán de 25 años, fue detenido y deportado tras un viaje a México, a pesar de no haber violado su permiso de turista. Similarmente, Jessica Brösche, una artista de tatuajes alemana, fue acusada de trabajar ilegalmente y deportada tras un largo periodo de detención. Estos incidentes han provocado que Alemania, y también el Reino Unido, actualicen sus advertencias de viaje a Estados Unidos, alertando sobre el aumento de la vigilancia fronteriza.
La situación se extiende a otros perfiles. Jasmine Mooney, una actriz canadiense, fue detenida mientras solicitaba un visado de trabajo. Camila Muñoz, una inmigrante peruana casada con un ciudadano estadounidense, fue detenida a su regreso de luna de miel, supuestamente por sobrepasar el tiempo permitido en un visado anterior. Incluso una niña estadounidense de 10 años con cáncer cerebral fue deportada junto a sus padres mexicanos. El caso de un investigador francés, deportado tras el registro de sus dispositivos electrónicos, ha generado controversia, con el Departamento de Seguridad Nacional negando que la razón fuera su expresión de opiniones políticas.
En respuesta a estas situaciones, varias universidades, incluidas Brown, Yale y UCLA, están recomendando a sus estudiantes y profesores internacionales que reconsideren sus viajes. El gobierno justifica sus acciones como una aplicación estricta de las leyes de inmigración, invocando una orden ejecutiva firmada por el presidente que amplía las posibilidades de registro de dispositivos electrónicos y acceso a información en redes sociales. Esta medida ha generado preocupación entre expertos que la califican de "extrema".
La situación se complica aún más con la inminente implementación de un nuevo veto migratorio, más amplio que el aplicado en la anterior administración, afectando a un número significativo de países. La detención de Mahmud Khalil, un graduado de Columbia involucrado en protestas estudiantiles, y Badar Khan Suri, un académico de Georgetown, plantean inquietudes sobre la libertad de expresión. La deportación de Rasha Alawieh, una doctora y profesora con visado válido, a pesar de una orden judicial en contra, añade otra capa de complejidad a esta situación.
El futuro de los 532,000 migrantes acogidos al ‘parole humanitario’ también está en incertidumbre, con su salida de Estados Unidos prevista para el 24 de abril. La situación actual genera incertidumbre y ansiedad tanto para los viajeros como para las instituciones educativas y empresas que emplean a extranjeros.
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