Estudiante de Columbia demanda para detener su deportación tras protesta

En el corazón de Manhattan, la joven Yunseo Chung, una residente permanente legal de 21 años, se encuentra en una batalla legal contra el gobierno. Chung, quien llegó a Estados Unidos a los 7 años proveniente de Corea del Sur, fue arrestada el 5 de marzo durante una protesta en Barnard College, universidad afiliada a Columbia. Esta acción, aparentemente simple, desencadenó una serie de eventos que la llevaron a enfrentar la amenaza de deportación.
Días después de su arresto, agentes de ICE (Inmigración y Control de Aduanas) presentaron una orden de arresto administrativa y visitaron la residencia de sus padres buscando detenerla. El 10 de marzo, según la demanda, un funcionario federal le comunicó a su abogado que su estatus de residente permanente estaba siendo "revocado". El 13 de marzo, se realizaron registros en dos residencias de Columbia, incluyendo su dormitorio, en busca de documentos relacionados con viajes e inmigración.
La demanda de Chung, presentada en una corte federal de Manhattan, argumenta que las acciones de ICE forman parte de un patrón más amplio de represión del gobierno estadounidense contra la actividad de protesta constitucionalmente protegida y otras formas de expresión. "Los funcionarios de los más altos niveles del gobierno están intentando utilizar la aplicación de las leyes de inmigración como un garrote para reprimir el discurso que no les gusta, incluyendo el discurso de la Sra. Chung", se lee en la demanda.
El caso de Chung no es aislado. La demanda menciona otros casos similares, incluyendo el de Mahmoud Khalil, un estudiante graduado de Columbia también afectado por su activismo pro-palestino. Se menciona también el caso de Momodou Taal, un estudiante de doctorado en la Universidad de Cornell, quien recibió una notificación para presentarse ante agentes de ICE tras entablar una demanda para evitar su deportación. Su caso, basado en su participación en protestas contra las acciones militares de Israel en Gaza, ilumina una problemática más amplia.
El gobierno argumenta, en algunos de los casos, que la participación de los estudiantes en protestas “disruptivas” violó las políticas universitarias y creó un ambiente hostil para los estudiantes judíos. Sin embargo, los abogados de los estudiantes afectados, como Eric Lee (abogado de Taal), argumentan que estas acciones violan los derechos a la libertad de expresión de los estudiantes internacionales.
La situación expone un debate complejo sobre los límites entre el activismo político, la aplicación de las leyes de inmigración y la protección de los derechos constitucionales. Las acciones del gobierno, y la respuesta legal de los estudiantes afectados, dejan un panorama abierto a futuras interpretaciones judiciales y sociales.