Juez bloquea deportaciones de venezolanos bajo la ley de 1798
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Nicol Matuz ScottEl centro de la tormenta es el Juez James Boasberg, del distrito federal de Washington. Su nombre se ha convertido en sinónimo de controversia tras bloquear, el pasado 15 de marzo, la deportación de más de 200 venezolanos a El Salvador. La administración Trump acusaba a estos individuos de pertenecer a la peligrosa banda criminal, el Tren de Aragua, alegando una amenaza a la seguridad nacional. La orden del juez, que incluso exigía el regreso inmediato de los vuelos ya despegados (algo que, según fuentes, no ocurrió), ha desatado la furia del presidente Donald Trump.
La respuesta de la administración Trump fue inmediata y contundente. El gobierno ha recurrido a argumentos poco convencionales para desafiar la decisión judicial. Primero, alegaron que la orden inicial de Boasberg carecía de validez legal por ser verbal, no escrita. Luego, invocaron la ley de secretos oficiales para negar información, argumentando que su divulgación perjudicaría la seguridad nacional. Esto ha generado una serie de audiencias casi diarias, en las que los abogados del gobierno se han mostrado evasivos, según fuentes judiciales.
Las críticas al Juez Boasberg han sido feroces. El propio Donald Trump, a través de sus redes sociales, lo ha calificado de "militante de la izquierda radical", acusándolo de querer usurpar las funciones presidenciales e incluso exigiendo la revocación de su licencia para ejercer. La virulencia de los ataques es inusual, incluso para el clima político actual en Estados Unidos. "Nunca había escuchado un lenguaje tan despectivo por parte de los representantes de Estados Unidos," declaró Boasberg, visiblemente irritado, en una audiencia reciente.
El juez, sin embargo, se mantiene firme en su decisión. En su resolución, Boasberg argumentó que: “Es de gran interés público el prevenir la deportación errónea de personas basada en categorizaciones que no tienen derecho a negar”. Además, recalcó la importancia del cumplimiento de la ley por parte del gobierno. Se ha dado plazo al gobierno hasta el martes para justificar su desobediencia a la orden judicial. Mientras tanto, la controversia continúa, generando incertidumbre sobre el futuro de los venezolanos deportados y sobre el papel del poder judicial en la política migratoria estadounidense.
Paralelamente a la batalla legal en el tribunal de distrito, se desarrolla otra audiencia en un tribunal de apelaciones. La administración Trump busca anular la prohibición de las deportaciones impuesta por Boasberg. La utilización de la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una ley extremadamente rara, solo aplicada en tres ocasiones en la historia de Estados Unidos y siempre en tiempos de guerra, añade una capa extra de complejidad y preocupación a este caso.
El caso plantea interrogantes importantes: ¿Realmente los deportados pertenecen al Tren de Aragua? ¿Está el gobierno utilizando esta ley como instrumento político? La información disponible, incluyendo documentos presentados por los abogados de los deportados, deja lugar a dudas sobre la validez de las acusaciones. Un ejemplo: uno de los deportados, un futbolista profesional, tenía un tatuaje similar al escudo del Real Madrid, que la ICE (Agencia de Inmigración y Control de Aduanas) considera un símbolo del Tren de Aragua. La evidencia, por lo tanto, es controvertida.
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