Juez bloquea deportaciones de migrantes a países que no son de origen por parte de Trump

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La semana pasada trajo consigo una serie de acontecimientos internacionales que han puesto en el foco de atención las políticas migratorias de Estados Unidos; se han registrado movimientos diplomáticos significativos, con conversaciones a alto nivel entre diferentes naciones sobre la gestión de flujos migratorios

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Nicol Matuz Scott el 28/03/2025 02:58 PM.
En Internacional y editada el 28/03/2025 03:03 PM.

En medio de este contexto, un fallo judicial en Massachusetts ha generado un importante impacto. El Juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Brian Murphy, tomó una decisión que frena, al menos temporalmente, una práctica de la administración Trump relacionada con las deportaciones.

La estrategia de la administración Trump, enfocada en acelerar las deportaciones, ha incluido la colaboración con países terceros para recibir migrantes que no son ciudadanos de esas naciones. Un ejemplo de esta política se dio a inicios de año, cuando cientos de migrantes asiáticos deportados de Estados Unidos fueron trasladados a Panamá.

La orden judicial, emitida el viernes , establece un freno a esta práctica. Según el documento, el gobierno federal está impedido de deportar a individuos a países que no sean su lugar de origen, a menos que se cumplan ciertas condiciones. Estas incluyen proporcionar al migrante y a su abogado “un aviso por escrito del país al que pueden ser removidos”, así como otras medidas de protección.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, ha estado involucrado en negociaciones internacionales relacionadas con la política migratoria. Su participación en estos diálogos ha sido un elemento clave en la respuesta del gobierno a las implicaciones del fallo judicial. Una audiencia para discutir este caso está programada para el 10 de abril.

El impacto de esta decisión judicial en la política migratoria estadounidense y sus relaciones internacionales aún se está analizando. La interacción entre las acciones del gobierno y las resoluciones judiciales continúa perfilándose como un elemento central en el debate sobre inmigración.