Jueza ordena ayuda legal a niños migrantes en frontera de Estados Unidos
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Nicol Matuz ScottEn medio de este complejo panorama, una decisión judicial reciente ha sacudido los cimientos de la defensa legal para miles de niños migrantes. Se trata del fallo de la jueza federal de distrito Araceli Martínez-Olguín, de San Francisco, quien el pasado miércoles, 2 de abril, emitió una orden que obliga a la Administración Trump a reanudar la asistencia legal para menores indocumentados que llegan solos a la frontera.
Esta decisión judicial responde a la anulación temporal de una orden del gobierno, del 21 de marzo, que eliminaba la financiación del programa de asistencia legal. Aproximadamente 26,000 niños se veían afectados, obligados a defenderse solos en procesos legales de inmigración. Muchos de estos niños no hablan inglés, e incluso algunos son tan pequeños que aún no saben hablar, dejando su futuro en manos de un sistema legal complejo y ajeno.
La jueza Martínez-Olguín argumentó que la medida del gobierno podría violar la Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de 2008. Esta ley establece que el gobierno debe garantizar, “en la mayor medida posible”, asistencia legal a los niños migrantes que no pueden desenvolverse solos en el sistema migratorio, protegiéndolos del “maltrato, la explotación y la trata de personas”.
La orden judicial prohíbe, además, que la administración recorte la asignación de fondos para estos fines, extendiendo la financiación hasta el 16 de abril. “El tribunal también considera que la financiación continua de la representación legal para menores no acompañados promueve la eficiencia y la equidad en el sistema de inmigración”, señala la resolución.
Las reacciones a la decisión han sido diversas. Michael Lukens, director ejecutivo de Amica (una de las organizaciones que interpuso la demanda), agradeció la decisión judicial, mientras que el senador por Oregón, Jeff Merkley, recalcó la importancia de cumplir con la responsabilidad de brindar asesoramiento legal a estos menores.
Por otro lado, el gobierno argumentó que los contribuyentes no están obligados a financiar la asistencia legal directa a los niños migrantes. Sin embargo, diversas organizaciones y expertos han destacado el daño irreparable que la eliminación de fondos podría causar a estos niños, quienes, además de navegar un sistema legal complejo, suelen arrastrar experiencias traumáticas que requieren apoyo especializado.
Expertos como el doctor Nicholas Cuneo, profesor asistente de pediatría de la Universidad Johns Hopkins, describieron las consecuencias negativas en la salud mental de los menores al enfrentarse solos al proceso de asilo. “He visto casos de niños de cuatro años que antes hablaban y se negaban a hablar durante semanas, o de adolescentes previamente sanos que intentaban autolesionarse”, explicó Cuneo. El testimonio de Susan Reed, directora de Michigan Immigrant Rights Center, refuerza estas preocupaciones, describiendo casos concretos de niños que necesitan representación legal.
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