Hacinamiento en centro de detención de Otay Mesa dispara alertas por COVID-19

Según el testimonio del letrado, quien pidió reserva de su identidad, "decenas de detenidos han dado positivo en pruebas recientes". El problema, advierte, radica en la convivencia forzada en espacios reducidos, donde el contagio se propagaría con facilidad. CoreCivic, la empresa privada que administra el centro, reconoce casos positivos pero insiste en que están bajo control médico.

• Capacidad oficial: 1,358 camas
• Máximo reportado: 1,461 detenidos
• 84 de 181 centros ICE operaron sobrecapacidad en 2025

Los datos de TRAC revelan un patrón preocupante: durante el primer semestre del año fiscal 2025, este centro rebasó su límite contractual en múltiples ocasiones. La discrepancia entre cifras oficiales y testimonios de primera mano abre interrogantes sobre la transparencia en el manejo de la crisis.

Mientras el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) niega categóricamente haber liberado detainees por motivos sanitarios, los abogados insisten en que varias personas vulnerables fueron excarceladas para reducir riesgos. La agencia federal mantiene su postura: "Los casos activos están aislados y reciben atención continua".

El centro, ubicado en las faldas del Monte Otay, alberga principalmente a migrantes en proceso de deportación o esperando resoluciones judiciales. Testimonios recabados por organizaciones civiles detallan condiciones que dificultan el distanciamiento social, con áreas comunes donde los detainees comparten baños y comedores sin protección adicional.

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