Estados Unidos congela activos de 22 vinculados al Cártel de Sinaloa, incluye a diputada de Morena

Según el comunicado emitido por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, las sanciones incluyen "el bloqueo de propiedades, cuentas bancarias y cualquier activo financiero" vinculado a los investigados. La medida afecta también a 15 empresas con sede en Rosarito, Baja California, presuntamente utilizadas como fachadas para lavar dinero.

La diputada Brown, quien fungió como presidenta municipal de Rosarito entre 2021 y 2024, aparece señalada en el documento por su supuesta relación con Candelario Arcega, identificado como operador político del cártel. La OFAC asegura que este vínculo permitió a la organización infiltrarse en la estructura gubernamental local.

• Juan José Ponce Félix, "El Ruso", líder de una facción armada del cártel.
• Los hermanos Alfonso y René Arzate, "Aquiles" y "La Rana", operadores en Baja California.
• Jesús González, empresario señalado como lavador de alto perfil.

Desde su cuenta de Facebook, la legisladora morenista negó las acusaciones: "Soy víctima de una campaña de desprestigio por mi compromiso con la Cuarta Transformación", escribió. Sin embargo, el informe de la OFAC detalla presuntas reuniones entre Brown y los Arzate para coordinar pagos de extorsión.

El operativo coincide con la visita a México de John K. Hurley, subsecretario estadounidense para Inteligencia Financiera, quien se reunirá con Marcelo Ebrard. En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana anunció que realizará "análisis de movimientos bancarios" a los implicados, aunque aclaró que esto no constituye una sentencia.

La investigación destapa además el modus operandi del cártel en Rosarito: empresas fantasma, hoteles y bares servirían para blanquear más de $50 millones anuales provenientes del tráfico de fentanilo. Entre los negocios señalados figuran cadenas hoteleras, restaurantes y hasta una empresa de transporte urbano.

Mientras el caso escala a nivel diplomático, fuentes cercanas a la DEA revelaron que las pruebas incluyen interceptaciones telefónicas y testimonios de colaboradores judiciales. La pregunta ahora es si las autoridades mexicanas profundizarán las investigaciones o dejarán que el caso se diluya en la burocracia.

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