Texas expande red de detenciones migrantes con respaldo de Trump

La abogada de inmigración Kate Lincoln-Goldfinch, candidata a la Cámara de Representantes de Texas, lo describe sin rodeos: "Con Trump en el poder, cualquier acción migratoria estatal es bienvenida. Texas ya no enfrenta los obstáculos legales que tuvo bajo Biden". Los datos lo confirman: el Departamento de Seguridad Pública (DPS) ha desplegado equipos especiales en todo el territorio, transformando a agentes de tránsito en una suerte de fuerza migratoria paralela.

Detalles clave que alarman a defensores de derechos:

• El presupuesto acumulado supera los 11,000 millones de dólares, más del doble del destinado a universidades públicas.
• Según la ACLU, 70% de los arrestos son por delitos menores, no por crímenes graves.
• La ley SB4 —actualmente bloqueada— podría obligar a sheriffs locales a colaborar con ICE, consolidando el modelo de "Estado-policía".

Pedro López, otro abogado especializado, advierte sobre el efecto dominó: "La comunidad migrante ya ve al DPS como una extensión de ICE. Huirán de cualquier contacto con la policía, incluso para reportar crímenes". Un informe reciente documenta cómo esta desconfianza ha fracturado la relación entre autoridades y comunidades enteras.

Mientras organizaciones civiles denuncian opacidad en los registros y desvío de recursos, el gobierno de Abbott sigue expandiendo la operación. Los números hablan: 340,000 detenciones en sus primeros dos años, buses llenos de migrantes enviados a ciudades demócratas, y ahora, un precedente peligroso que podría replicarse en otros estados gobernados por republicanos.

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