Esta iniciativa, impulsada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, establece un marco legal para que familiares, cónyuges y autoridades puedan solicitar esta declaratoria tres meses después de la denuncia por desaparición.
La diputada Mónica Silva Ruiz, del Partido del Trabajo, propuso reducir este plazo a un mes, argumentando la necesidad de proteger los bienes y derechos de los menores de edad. Sin embargo, la propuesta fue rechazada debido a que la ley federal establece un plazo mínimo de tres meses para este tipo de solicitudes.
Con la entrada en vigor de esta ley, los familiares de las personas desaparecidas podrán acceder a una serie de beneficios, como la seguridad social, la disolución del vínculo matrimonial, la suspensión de obligaciones de deuda, la garantía de la patria potestad y la guarda custodia de los hijos. Además, se busca proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes en casos de desaparición de sus padres.
La aprobación de esta ley representa un avance importante en la lucha contra la desaparición de personas, brindando un marco legal para proteger los derechos de los afectados y facilitar el acceso a recursos esenciales.