La iniciativa, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, recibió 86 votos a favor y 42 en contra, logrando la mayoría calificada necesaria para su aprobación. La reforma, que ha desatado un intenso debate político, busca fortalecer la seguridad pública en un país que enfrenta niveles históricos de violencia. Sin embargo, la oposición ha denunciado que esta medida representa una “militarización” de la seguridad, argumentando que la presencia de militares en tareas civiles no es la solución para combatir el crimen organizado.
La militarización de la seguridad pública no es la solución. Es una estrategia que ha fracasado en el pasado y que pone en riesgo los derechos humanos de los ciudadanos, declaró Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano.La senadora Citlalli Hernández, de Morena, defendió la reforma asegurando que no implica la militarización del país y que la Guardia Nacional seguirá bajo el control del Ministerio Público. "Esta reforma es un paso necesario para combatir la violencia y garantizar la seguridad de los mexicanos", afirmó Hernández.
La aprobación de la reforma ha generado preocupación internacional, ya que la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha pedido a los legisladores detener el proyecto y priorizar “el paradigma civil”. La preocupación se centra en el creciente papel de las fuerzas armadas en tareas civiles, una tendencia que se ha intensificado desde que el gobierno de Felipe Calderón lanzó la guerra contra el narcotráfico en 2006.
La Guardia Nacional, creada en 2019 para reemplazar a la policía federal, está compuesta mayoritariamente por militares y se encarga de la vigilancia del territorio mexicano, apoyando al Ejército y a las fuerzas de seguridad locales. La reforma constitucional establece que la comandanta en jefa de la Guardia Nacional será civil, aunque los integrantes del cuerpo serán militares.
La reforma aún debe ser aprobada por la Cámara de Diputados y luego ser promulgada por el presidente López Obrador. Tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la Guardia Nacional quedará bajo el mando del Ejército.