Esta decisión, que ha sido celebrada por activistas y líderes indígenas, representa un paso crucial en la lucha por la justicia social y la reparación histórica.
La reforma constitucional, aprobada por unanimidad, reconoce a los pueblos indígenas como sujetos plenos de derecho. Esto significa que se garantiza su propiedad, su acceso a la justicia y su participación en las decisiones que les afectan. Además, se les otorgará un presupuesto propio, asegurando la disponibilidad de recursos para el desarrollo de sus comunidades.
El programa busca rescatar la memoria histórica de los pueblos indígenas, promoviendo su cultura y tradiciones. La presidenta Sheinbaum ha enfatizado la importancia de reconocer la fuerza cultural de los pueblos originarios, y ha asegurado que su gobierno trabajará para que sean protagonistas de su propio desarrollo.
"El humanismo mexicano está sustentado en la fuerza cultural de los pueblos originarios y nuestra historia patria", afirmó la presidenta Sheinbaum.
Con la implementación de estos Planes de Justicia, México avanza hacia un futuro más inclusivo y equitativo. La decisión de la presidenta Sheinbaum representa una apuesta por el desarrollo de las comunidades indígenas y por la construcción de una sociedad más justa.